Un juzgado estima la imposibilidad de demoler las 20 viviendas de Entrelindes de Liencres 23 años después

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander ha estimado la causa planteada por el Ayuntamiento de Piélagos sobre la imposibilidad de ejecución de la sentencia de derribo de 20 viviendas en la zona de Entrelindes, en Liencres, que data de 2001.

Así lo ha informado este viernes en declaraciones a la prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, junto al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Víctor Gil.

Contra el auto, con fecha a 17 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, existe la posibilidad de presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en los próximos 15 días.

Media ha explicado que estas viviendas «hoy se encuentran fuera de ordenación, lo que imposibilita su demolición» y, aunque «esto no quiere decir que las viviendas a día de hoy sean legales», en un futuro «podrán ser legalizadas oficialmente cuando obtenga la correspondiente licencia».

«Este es el primer paso hacia la legalización de esas viviendas que se da en Piélagos en muchos años», ha destacado el titular de Fomento.

Media ha recordado que el 1 de enero del 2024 entró en vigor la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañaba el presupuesto de este año, apoyada con el apoyo del PP y del PRC que, «juntos y de la mano de los afectados», trabajaron para introducir unas modificaciones legales en la Ley del Suelo que «han permitido llegar al punto en el que hoy nos encontramos».

Así, ha señalado que el juez considera que la disposición adicional duodécima que se introdujo en la Ley del Suelo «no legaliza las edificaciones que hay que demoler, no las declara conforme al ordenamiento, sino lo que hace es declararlas fuera de ordenación, lo que la sujeta a un régimen especial y permite su conservación y será una licencia de obra posterior la que deberá legalizar esas edificaciones».

«Este auto supone una luz al final del túnel para 20 familias que compraron de buena fe, que nunca debieron verse en este proceso tan duro y que esperamos que este auto pueda convertirse cuando antes en una sentencia firme que ponga fin a este calvario», ha manifestado.

Por su parte, el alcalde ha explicado que «no es lo mismo lo que se sentenció hace 25 años con la realidad que hay ahora mismo en Liencres».

Ha indicado que esa urbanización «está integrada completamente dentro de lo que es la malla urbana, que es la clave para definir que no estamos hablando de declarar como urbano un suelo», sino que «dentro de lo que se ha construido a su alrededor, que está todo perfectamente legal, ya ha generado que ese suelo, por lo fáctico, sea urbano de por sí».

Asimismo, ha opinado que este auto, aunque no sea una «solución definitiva», abre «un halo de esperanza» en lo que entienden que es de «justicia social».

A su juicio, se trata de «un problema que generaron en su momento las administraciones», por lo que «entre todas» tienen que trabajar por «encontrar una solución».

Así, ha abogado por seguir trabajando para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, de esta forma, «poder dar esas licencias que legalizarían de forma definitiva esas viviendas».

Ha recordado que en el municipio están pendientes del pronunciamiento de la Sala en otros tres procedimientos –La L05, que está junto a la plaza Adolfo Suárez de Liencres; y el 1.721 y el 1.715 de Cerrias– y entienden o les «gustaría pensar» que «pudieran ir en la misma línea», aunque eso «depende» de los jueces, ha dicho.

El Ayuntamiento de Piélagos concedió en 1998 la licencia de construcción de 20 viviendas unifamiliares en Liencres –parcelas 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167 y 168 del Polígono 32–, ARCA presentó un recurso contra la misma, el juzgado la anuló y acordó su demolición, y la sentencia fue confirmada y declarada firme por el TSJC el 14 de septiembre de 2001.

El 22 de febrero de 2024 el Consistorio presentó escrito solicitando la declaración de imposibilidad jurídica de ejecutar la sentencia, que ahora ha sido estimada.

«SENDA DE ESPERANZA» PARA OTRAS SENTENCIAS DE DERRIBO

Media ha señalado que cuando cambiaron la Ley del Suelo la pretensión era recurrir esas órdenes de demolición desde el Gobierno y los ayuntamientos, según corresponda, con la idea de que se aplicara dicha disposición adicional que habían planteado en la nueva Ley del Suelo.

Ha valorado que aunque este auto «de momento no crea jurisprudencia, es un paso» y «puede marcar una senda de esperanza para todos los vecinos que durante más de 20 años se han visto afectados por un problema tan grave como el de las sentencias de derribo».

Así, ha indicado que, según los servicios jurídicos del Ejecutivo y del Consistorio, «parece razonable» que las otras tres sentencias de derribo que se refieren a Cerrias 1, Cerrias 2 y la L05 puedan ir «en el mismo sentido».

El consejero ha señalado que fuera de Piélagos, en otros municipios como Argoños, hay casos con sentencias de derribos que son también «susceptibles» de aplicar esta «solución técnica» pero por «diferentes motivos».

«Si el Supremo nos diera la razón yo creo que las sentencias de los juzgados irían en la misma dirección», ha considerado el titular de Fomento, que ha argumentado que «en la mayor parte de los suelos donde están construidas estas viviendas, en el caso que hubiera que demolerlas, se podría construir lo mismo o incluso más de que lo que hay ahora».

De esta forma, una vez han puesto sobre la mesa una solución técnica desde el departamento, que ha trasladado su respeto a las sentencias, piden a los jueces «que lo miren con cariño» porque «hay muchas vidas detrás de todo esto y mucho dinero público».

Finalmente, Media ha asegurado que, de forma paralela, seguirán aplicando los convenios que ya están firmados, pagando indemnizaciones o construyendo viviendas de sustitución en los casos en que haya que proceder a la demolición de las viviendas con sentencias firmes que nunca podrán legalizarse.