Un juzgado de Vitoria investigará una posible «huelga encubierta» de funcionarios en la Cárcel de Zaballa
Vigilancia Penitenciaria aprecia una situación «alarmante» y propone estudiar medidas disciplinarias contra algunos empleados
VITORIA, 19
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha remitido al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz una investigación sobre la «alarmante» situación generada con las bajas «continuadas y colectivas» de personal del Centro Penitenciario de Araba (Zaballa), al considerar que podría tratarse de una «huelga encubierta» y de que los hechos «pudieran ser constitutivos de ilícito penal», según ha informado el Gobierno Vasco.
La Dirección de Justicia del Gobierno vasco comenzará a estudiar las medidas de carácter disciplinario solicitadas con urgencia por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, ante la situación generada en el Centro Penitenciario de Araba, donde el incremento de las incapacidades laborales «está obligando a la suspensión de servicios básicos que afectan a derechos fundamentales de la población reclusa».
El mismo juzgado ha decidido deducir testimonio de las actuaciones al juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz para que investigue estos hechos «por si pudieran ser constitutivos de delito», según ha indicado el Departamento de Justicia.
Desde el departamento se ha informado de que en un auto recibido esta mañana por la Dirección de Justicia, se recogen diversos informes realizados por el director de este centro penitenciario «para dar cuenta de la carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas», que han supuesto el cierre de los servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de las personas internas con sus familiares y sus abogados.
A instancias del juzgado, el director informó de que no hay ninguna convocatoria de huelga, pero sí «una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores, en el sentido de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales».
A esta comunicación –añade el departamento– se suma que a lo largo del mes de diciembre se ha producido un incremento de las incapacidades laborales, «continuadas y masivas», hasta 73 desde el 4 de diciembre, «lo que ha obligado a adoptar medidas provisionales de suspensión de permisos y realización de horas extras», según lo previsto en el artículo 286 del Reglamento Penitenciario.
En todos los casos –según se ha explicado desde Justicia– se ha actuado con la «premisa básica» de «priorizar la cobertura de los servicios orientados a garantizar la seguridad de las personas (población interna, profesionales penitenciarios, profesionales sanitarios y trabajadores del Tercer sector), conforme a unos parámetros situados en su mínima expresión».
MEDIDAS DE URGENCIA
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria –añade el departamento– considera que la situación «es preocupante, insostenible, intolerable y alarmante, concurriendo todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta» que –añade– «ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa, por cuanto que hasta la fecha se les está imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener contacto con el exterior».
Además, el juzgado califica de «encomiable, responsable y solidario» el comportamiento de los funcionarios que continúan acudiendo a su puesto de trabajo, pero advierte de que la situación es «insostenible en el tiempo».
De esa forma, ante la «urgencia y gravedad de la situación, insta en primer lugar a la Dirección de Justicia a que «de modo inmediato adopte medidas urgentes», decisión que ya se había puesto en marcha con la activación de las bolsas de trabajo. Desde el departamento se ha explicado que ya se ha «activado» a 32 personas para su «incorporación inmediata».
Junto a ello, el juzgado insta a la Dirección de Justicia a que «de modo urgente, estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que de forma consecutiva, continuada y colectiva presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes».
La Dirección de Justicia estudia ya esas medidas, «con plena salvaguarda del derecho a la salud de las personas trabajadoras». Asimismo, el Juzgado de Vigilancia ha acordado «deducir testimonio de las actuaciones al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz para que investigue los hechos denunciados por si pudieran ser constitutivos de ilícito penal».
CONTEXTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Desde el departamento se ha afirmado que la situación generada en este centro penitenciario, «inédita hasta ahora», coincide con un momento de negociación colectiva, derivada de la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, la primera tras tres años desde la transferencia.
Esta RPT amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal. Este proceso coincide en el tiempo con un concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que, según los datos facilitados por la propia Secretaría, se habrían apuntado 195 personas que deben tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.
El departamento ha añadido que esta negociación «sigue abierta y con plena voluntad de acuerdo», con propuestas económicas «concretas» para mejorar los complementos de quienes realizan tareas de especial penosidad.
Por ese motivo, ha mostrado su esperanza en que estas propuestas «tengan su receptividad en el ámbito competente de función pública». En este sentido, ha indicado que esta negociación «se celebra en su ámbito natural», por lo que no participará «en el debate público de esas condiciones».
