Un informe del Gobierno catalán concluye que la ley antiterrorista se basa en «derecho penal del enemigo»

El abogado Benet Salellas pide cambiar los tipos penales para ser más objetivos

BARCELONA, 12

El informe Aplicación abusiva de la legislación terrorista de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos del Govern ha constatado que la actual legislación antiterrorista tiene rasgos que se dan en «un marco de derecho penal del enemigo», ya que asegura que no está regida por el principio de proporcionalidad y que prevé herramientas de excepcionalidad que limitan los derechos fundamentales.

El informe, que ha sido presentado este miércoles, también ha considerado que si hay dificultades para mantener un marco de lucha antiterrorista respetuoso con los derechos fundamentales es porque los «operadores jurídicos –Audiencia Nacional y Fiscalía– no tienen plena independencia del poder político y arrastran prácticas jurídicas generadas durante la etapa preconstitucional».

También señala que la legislación antiterrorista actual se ha construido en los últimos años en base a «conceptos jurídicos excesivamente abiertos que permiten que el derecho penal quede definido a partir de nociones políticas que pueden provocar la criminalización de conductas de naturaleza exclusivamente política».

En la presentación del informe ha participado el abogado Benet Salellas, que ha asegurado que la legislación antiterrorista española se enmarca en la definición de derecho penal de enemigo hecha por el Tribunal Supremo (TS), ya que es desproporcionada en cuanto a las penas y «se juzga a personas por su ideología, es decir, más por lo que piensan que no por los hechos».

Para Salellas, la actual legislación antiterrorista está muy enfocada hacia el juicio de las ideas: «En las operaciones policiales, cuando la policía entra en el domicilio en aplicación de la legislación antiterrorista, ya no busca explosivos o armas, sino que busca libros, vídeos o publicaciones. Pienso que es una derrota absoluta del Estado de derecho».

Ha criticado que se considere terrorismo los delitos de «daños o injurias a la Corona si se cometen con voluntad de subvertir el orden constitucional, por lo que se coloca a todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen del 78 en el foco del terrorismo».

«Sin embargo, aquellos que desde posiciones racistas, machistas y homófobas están haciendo política para apuntalar este régimen desde la extrema derecha, esta gente se queda fuera de la legislación antiterrorista», ha criticado, por lo que cree que la solución debe ser modificar los tipos penales y dar una visión más objetiva, en sus palabras.

DISIDENTES Y MEDIOS

El periodista y activista social Jesús Rodríguez, que también ha participado en el acto, ha lamentado que la actuar ley supone un agravio comparativo, ya que «es una legislación pensada para ser utilizada en contra de personas o grupos que se consideran disidentes o críticos con el sistema imperante», y cree que el objetivo es desmovilizar a ciertos colectivos.

Por último, la activista independentista Tamara Carrasco ha reprochado a los medios de comunicación haber «colaborado en este linchamiento mediático, junto con la ley antiterrorista y los partidos políticos: Son todos patas del régimen».