Un excargo de Transportes cuestiona desde el Senado el informe de la auditoría encargada por Puente sobre el caso Koldo

Señala que no sabe quién dio la instrucción de comprar mascarillas a la trama y que hizo lo que le decía el subsecretario de Transportes

El ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y actual director general de Presupuestos Javier Sánchez Fuentefría ha puesto en duda desde el Senado el informe de la auditoría interna encargada por el ministro Óscar Puente, sobre la compra de mascarillas a la trama Koldo , asegurando que no comparte que sea bueno.

Ha sido durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo , cuando la senadora del PP Rocío Dívar ha indicado que a ella le parece un buen informe y ha preguntado a Sánchez Fuentefría si está de acuerdo.

«Es respetable, pero no lo comparto», ha respondido el compareciente, tras reconocer que ha leído ese informe y que conoce a las personas que lo hicieron porque eran subordinados suyos cuando estaba en el Ministerio, del que salió en 2022.

Por otra parte, Sánchez Fuentefría ha dicho que desconoce quién dio la orden de contratar a la empresa de la presunta trama de corrupción. «Yo no sé quién era el responsable. Yo sé que mi superior jerárquico, el subsecretario, me dice que transmita eso. Yo no sé quién le da la instrucción a él».

Ha relatado que el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, actualmente imputado en la causa, le transmitió el 19 de marzo de 2020 que el Ministerio estaba intentando hacer una compra de mascarillas y que le pidió que se pusiera en contacto con todos los responsables de las entidades dependientes de Transportes para conocer las necesidades de mascarillas que pudieran tener.

«Yo me comunico con todos los responsables, les solicito que me digan qué necesidades tienen y con la respuesta que ellos me dan, configuro un cuadro excel en el que determino cuáles son las necesidades de mascarillas para 15 días y para un mes, y traslado al subsecretario», ha continuado.

En este sentido, ha explicado que remitió al subsecretario que las entidades le habían dicho que necesitaban casi cuatro millones de mascarillas para 15 días y casi ocho millones para 30 días.

«Desconozco quién dio la orden de comprar ocho millones de mascarillas. Me parecía razonable que comprasen, pero no sabía cuántas se iban a comprar», ha contestado al ser preguntado por la orden ministerial que firmó el entonces ministro José Luis Ábalos para duplicar en menos de una hora –de cuatro a ocho millones– la compra y que se recoge en la auditoría encargada por Puente.

Al respecto, fuentes del entorno del exministro Ábalos han comentado que esta declaración «desmonta el cuento de duplicar la cantidad de mascarillas a comprar».

NUNCA HABLÓ CON KOLDO

Siguiendo con su relato, Sánchez Fuentefría ha indicado que el 20 de marzo el subsecretario le transmitió una oferta de una empresa y le dijo que se la remitiera a Puertos del Estado, la entidad que finalmente compró las mascarillas, ocho millones de unidades por 20 millones de euros, a Soluciones de Gestión.

Ha expuesto que él no tenía competencias para analizar ofertas y que en la compra de mascarillas se limitó a contestar al subsecretario que era conveniente comprobar si en la oferta había que pagar IVA y si la calidad técnica del material era suficiente.

«Yo después –ha continuado– remito esa oferta, siguiendo las instrucciones de mi subsecretario, al secretario general de Puertos del Estado», Álvaro Sánchez Manzanares, ahora imputado en la causa judicial, y al que también le indicó las «cautelas que deberían comprobarse, no necesarias por ley pero que han sido recogidas por el Tribunal de Cuentas como buenas prácticas».

Sánchez Fuentefría ha reconocido saber que Koldo García era asesor de Ábalos, pero ha añadido que nunca habló con él y que no conocía ni al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ni a directivos de la empresa elegida.

Además, ha defendido que si hubiera sabido que había posibles comisiones de por medio en esos contratos, algo en lo que indaga la Audiencia Nacional, «lo hubiera denunciado».