Un estudio detecta «deficiente» transparencia y rendición de cuentas en la información no financiera del Ibex

El Observatorio de RSC aprecia carencias de estrategias para gestionar impactos sociales y medioambientales frente a nuevas normativas de UE

La información no financiera de las empresas del Ibex 35 es «deficiente» en materia de transparencia y rendición de cuentas, según el informe anual La información sobre sostenibilidad en las empresas del Ibex 35 , correspondiente al ejercicio 2022 y llevado a cabo por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En concreto, el documento indica que la calidad de la información no financiera proporcionada por las empresas del selectivo en áreas como gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y clientes y consumidores es «deficiente», con un promedio de 45,40 puntos en una escala de 100. Además, califica como «cuestionable» el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la ley 11/218 en materia de información no financiera y diversidad, como constata el informe.

«Los resultados del estudio indican que la transparencia y rendición de cuentas en los aspectos sociales y medioambientales es deficiente», ha alertado este miércoles en rueda de prensa el coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez, que ve «crucial avanzar en la supervisión del cumplimiento de la Ley y mejorar la calidad y alcance de la verificación de la información no financiera».

Las áreas de análisis que presentan una información más completa son aspectos laborales (66,97) seguido de clientes y consumidores (62,48) y medio ambiente (47,15), frente a áreas con menor grado de transparencia, como las de derechos humanos (31,62), fiscalidad (32,99) y lucha contra la corrupción (36,56). Los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 40,01.

El informe añade que la incorporación de temas de sostenibilidad en la gobernanza corporativa está ganando importancia en la regulación nacional y comunitaria. Por otro lado, precisa que, a pesar de que todas las empresas del Ibex informan sobre la realización de evaluaciones anuales al consejo de administración, sus comisiones y sus consejeros en 2022, solo 2 empresas mencionan haber incluido aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), en dichas evaluaciones.

En este sentido, recuerdan que la directiva (UE) 2017/828 sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas señala la obligación de realizar una evaluación usando criterios de rendimiento financiero y no financiero, incluyendo factores ambientales, sociales y de gestión, cuando corresponda.

Como aspecto positivo, el estudio subraya que todas las empresas mencionan la implicación del consejo en la evaluación y gestión de temas ambientales y sociales, identificando riesgos principalmente relacionados con el cambio climático. Sin embargo, prevalece un enfoque de riesgos centrado en la empresa, mientras que los riesgos derivados de sus actividades reciben una menor atención.

En cuanto a la remuneración de los consejeros, 34 empresas informan de objetivos ASG en sus sistemas de incentivos (remuneración variable), de las que solamente 11 especifican objetivos y métricas para su obtención.

En los Estados de Información no Financiero de las empresas del Ibex, 15 empresas hacen mención explícita a la próxima Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD). Sin embargo, aunque el 69% de las empresas analizadas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada tiende a ser «generalista y poco precisa», con «gran margen de mejora».

Por otro lado, aunque 24 de las empresas ofrecen información sobre los criterios de derechos humanos utilizados en la contratación de proveedores, son 7 las que mencionan la realización de auditorías externas y 1 detalla la frecuencia y realización de auditorías sin previo aviso.

CARENCIA DE INFORMACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción es un tema central en el informe, destacando la falta de transparencia en este ámbito, una carencia de información relevante en áreas como los consejeros independientes, la evaluación de riesgos, los canales de denuncia, las actividades de lobby o la independencia de la auditoría externa.

Así, en cuanto a la figura del consejero independiente, persiste la falta de transparencia sobre cómo las empresas garantizan que no haya alineamiento con los accionistas significativos que los nombran. En este sentido, de las 17 empresas que nombraron nuevos consejeros independientes en 2022, solo 8 mencionan la intervención externa en el proceso y ninguna planea que los accionistas minoritarios ratifiquen estos nombramientos en la Junta General. Asimismo, 12 consejeros independientes ganando más de 500.000 euros, pero ninguna empresa especifica límites claros para preservar su independencia.

El whistleblower se ha convertido en una herramienta clave para luchar contra la corrupción: aunque las 35 empresas analizadas afirman contar con un canal de denuncia, la información sobre su funcionamiento y las quejas recibidas es limitada. Ninguna empresa proporciona detalles sobre la participación de los trabajadores u otros grupos de interés en la configuración del canal y solo 12 empresas tienen canales gestionados por terceros independientes. Solo 2 empresas mencionan realizar evaluaciones periódicas del canal de denuncias.

En cuanto a las denuncias recibidas, 17 empresas informan sobre el número y la tipología, pero solo 4 desglosan la información según el origen, periodo o ámbito geográfico. El informe ve «preocupante» la falta de detalle sobre el resultado de las denuncias ya que las empresas se limitan a mencionar si las denuncias fueron admitidas o desestimadas, sin aportar datos específicos sobre resolución, sanciones o medidas correctivas tomadas.

En el análisis se constata que las prácticas de lobby es una de las grandes ausentes pues solo 9 empresas proporcionan detalles sobre su actividad de lobby en 2022, y de ellas, solo 3 mencionan iniciativas legislativas concretas que han seguido. Además, ninguna empresa informa sobre las reuniones relevantes llevadas a cabo en el contexto de estas actividades.

El estudio también identifica la práctica conocida como «puertas giratorias», con hasta 21 consejeros en 14 empresas analizadas que han ocupado altos cargos políticos en el sector público en los últimos 10 años. Solo 1 de las 35 empresas analizadas tiene una política específica para abordar la cuestión de las puertas giratorias.

De las 35 empresas analizadas, solo 7 proporcionan información detallada y desglosada de los servicios facturados, incluyendo importes y conceptos. Además, ninguna de las 35 empresas prohíbe expresamente la contratación de servicios diferentes a los de auditoría o los limita por debajo del máximo legal. En cuanto a los ingresos por servicios distintos a los de auditoría, en 11 empresas representan menos del 10% del total facturado por el auditor externo; en otras 20 empresas, esta cifra oscila entre el 10% y el 30%; y en 4 estos ingresos superan el 30% del total facturado por el auditor externo.

En relación con la obligación de transparencia de la Ley 11/2018, los Estados de Información no Financiera de las empresas del Ibex, reflejan la diversidad de enfoques que tradicionalmente han caracterizado a las memorias de RSC cuando eran voluntarios.

No obstante, el estudio concluye que el cambio hacia la obligatoriedad no ha resultado en una mejora sustancial en cuanto a la exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera proporcionada por estas empresas, principalmente por la falta de uniformidad en los niveles de detalle y en los indicadores utilizados, lo que dificulta la comparación de la gestión de impactos sociales y ambientales entre ellas.