Un año del 20-S: el asedio a la Consejería de Economía que sustenta la imputación por rebelión y sedición en el procés

Los Jordis , que convocaron a decenas de miles de personas para evitar la salida de la comisión judicial, continúan en prisión

Este jueves se cumple un año del asedio a la Consejería de Economía de Cataluña durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que ha sustentado parte de los procesamientos por rebelión y sedición a los antiguos altos cargos de la Generalitat en el Tribunal Supremo y a la excúpula de los Mossos d Esquadra en la Audiencia Nacional.

Las imágenes de la consejería que dirigía Oriol Junqueras rodeada de miles de personas que impedían la salida de la comisión judicial se prolongaron hasta la madrugada del día 21, con los entonces presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, arengando a los manifestantes desde el capó de un coche de la Guardia Civil y los agentes de los Mossos d Esquadra sin tratar de dispersarlos.

Ellos declararían después, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, que no incitaron en ningún momento a los manifestantes a quedarse toda la noche y que sus mensajes siempre fueron pacíficos, versión que desmontada por el juez Pablo Llarena en uno de sus interrogatorios a Jordi Sànchez.

Por estos hechos fueron citados a declarar a finales de septiembre por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tanto los Jordis como el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, a los que imputó el delito de sedición basándose en los actos «tumultuarios» que se produjeron la noche del 20 al 21 de septiembre.

Lamela destacó entonces la «especial importancia del papel» que Sánchez y Cuixart «tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados».

Debido a la gravedad del delito que les imputó, la juez ordenó para los dos el ingreso en prisión provisional, donde llevan desde el 16 de octubre, ya que el juez Llarena ha mantenido su imputación en el Supremo. A Trapero, sin embargo, le dejó en libertad con medidas cautelares, aunque sí le ha procesado por dos delitos de sedición (por esa noche de septiembre y el 1 de octubre) y uno de organización criminal.

NO EVITAR LA VIOLENCIA

A Trapero –y al exdirector de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y la intendente Teresa Laplana– no le acusa de actos violentos, pero sí de no evitarlos.

Para Lamela, la actuación de los mossos los días 20 y 21 de septiembre así como el 1 de octubre fue la de «omitir con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de Economía y, con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro».

Pero además, la magistrada considera que en los hechos investigados concurre un «dolo específico», que es el de la «intención última por parte de los procesados de romper la organización territorial del Estado», por lo que «deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno».

REBELIÓN DE SEGUNDO GRADO

Y es que, a su juicio, «la sedición es una rebelión de segundo grado», ya que, según jurisprudencia del Supremo, «la rebelión tiende a atacar el normal desenvolvimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar, y la sedición tiende a atacar las secundarias de administrar y juzgar».

Al mismo tiempo que Lamela en la Audiencia Nacional, el juez Pablo Llarena llevó a cabo su investigación del procés y también basó el procesamiento por rebelión en los hechos violentos que, a su juicio, alentaron los 25 investigados en la sociedad para sostener el apoyo ciudadano a sus demandas independentistas.

En su opinión, en el delito de rebelión no se exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente ya se incurre en él.

En este sentido, el magistrado entiende que en el asedio a la consejería hubo «un actuar violento», pues las decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención «exclusivamente intimidatoria» contra la comisión judicial que practicó el registro.

Ante el intento de los Jordis de negar este extremo, Llarena llegó a mantener un rifirrafe con Sànchez en una de las comparecencias de éste, al recordarle algunas de las arengas que se le escucharon durante la noche del 20 de septiembre: «Delante de esto, ni Rajoy ni el Estado español ni el Constitucional nos podrán parar»; «Que no se vaya nadie, tenemos una noche larga»; «He venido aquí porque tenemos un objetivo, que es el 1 de octubre».

TUVO QUE SALIR POR LA AZOTEA

El juez del Supremo mantiene que debido a la concentración ni siquiera era «seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones» y recuerda que la propia secretaria judicial tuvo que abandonar la sede de Economía y Hacienda de la Generalitat a través de la azotea para pasar a un teatro contiguo e infiltrarse entre los espectadores que abandonaban el local.

Al ser la violencia el argumento principal que sustenta la acusación por rebelión –Llarena ha hablado en sus autos de que «cabe una rebelión sin armas»–, las estrategias de defensa se han dirigido siempre a desmontarlo, asegurando que jamás hubo un alzamiento con armas de forma violenta.

De hecho, el exvicepresidente Junqueras llegó a decir en el Supremo, en una vista para revisar su prisión preventiva, que es un «hombre de paz» con convicciones religiosas y que busca el «diálogo bilateral» en el conflicto político en Cataluña.

En cuanto a Sànchez y Cuixart, los abogados sostienen que ambos adoptaron «medidas para garantizar la entrada y salida de la Conselleria» de los agentes y participaron en los cordones humanos creados para permitir el paso de los agentes cuando quisieron salir del edificio.

«Tanto Sànchez como el señor Jordi Cuixart hicieron todo lo posible para que la concentración se desarrollara de forma pacífica y sin impedir que la unidad de la policía judicial ejecutara la orden de entrada y registro», argumentó en un recurso la defensa de Sànchez, Jordi Pina.

SÀNCHEZ HABLA DE PROTESTA «FESTIVA»

El propio expresidente de la ANC llegó a hablar de una protesta incluso «festiva» y que en ningún momento durante esa noche percibió sensación de violencia, a excepción de los daños en los vehículos de la Guardia Civil y por algunos grupos «minoritarios».

Para demostrar su argumento, la defensa de Cuixart recordó unas palabras que dirigió ese día a los concentrados: «Dejemos que nuestra policía haga su trabajo. Es la comitiva judicial. No nos sirve para nada. Dejemos que se vayan. Se tienen que ir, no hacen nada aquí, dejemos que se vayan», además de que se ha aportado material videográfico para sostener esta tesis.

Los abogados añaden que en la manifestación había más de 40.000 personas y, por tanto, «si el fin de la manifestación hubiese sido impedir la práctica de la entrada y registro, es obvio que lo habrían conseguido fácilmente».