UGT se abriría a estudiar la ampliación del periodo de cómputo si no supone una merma de la pensión

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha reconocido este viernes que el sindicato contemplaría estudiar la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, como propone el Gobierno para la segunda fase de la reforma, si se confirma que el planteamiento del Ejecutivo tiene un impacto neutro sobre el importe final.

No obstante, Luján ha insistido en que UGT considera innecesaria esa medida que, a su juicio, supone un «elemento distorsionador» en la negociación.

«Cualquier medida que afecte al periodo de cálculo no será aceptada por la UGT si supone aminorar el importe de las pensiones. El Gobierno nos ha dicho que el aumento del periodo de cálculo es neutro desde el punto de vista financiero; tenemos que ver, nos tendrán que dar los datos. Si se cumpliera el requisito, podríamos estudiarlo», ha admitido en una rueda de prensa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso a los agentes sociales ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Luján ha recalcado que UGT se opondrá a cualquier planteamiento «que suponga una rebaja en las cuantías de las pensiones que se van a disfrutar en el futuro».

El Gobierno, la patronal y los sindicatos volverán a sentarse este lunes, 12 de diciembre, para seguir negociando la reforma, ya que el objetivo de la Seguridad Social es aprobar esta segunda parte antes de fin de año, para cumplir con sus compromisos con Bruselas.

UGT aboga por «actualizar las bases máximas de cotización en la senda del destope» para avanzar hacia «un sistema sostenible, robusto y duradero», en línea con otros países europeos.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha calificado como «discriminatorio y sumamente regresivo» que los salarios más altos tengan «partes importantes exentas de cotización a la Seguridad Social» y ha asegurado que en España existe «muchísimo margen en cuanto a la subida de los topes de las bases máximas de cotización».

El sindicato también considera «justo» que al mismo tiempo que se destopan las bases máximas también se aumenten las pensiones máximas.

Asimismo, UGT defiende el reconocimiento de las carreras más largas, la inclusión de garantías que impidan que las pensiones mínimas caigan en el umbral de la pobreza y la articulación de mecanismos para reducir la brecha de género.

«Todo eso haciendo un sistema sostenible que nos lleve hasta 2050 con la suficiente tranquilidad y músculo financiero para que nadie ponga en cuestión la sostenibilidad del sistema», ha añadido Luján.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha asegurado que se ha «avanzado bastante» en estos puntos y aguarda las nuevas propuestas del Gobierno en la mesa del lunes. Luján sostiene que, en materia de pensiones, «es bueno» mandar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, a la sociedad y a la Unión Europea.

EL GOBIERNO INSISTE EN AMPLIAR EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN

La Seguridad Social defiende que extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, «protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales», lo que cada vez se da con mayor frecuencia, según fuentes de la cartera de José Luis Escrivá.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá contemplaba como punto de partida la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

Asimismo, en el documento presentado a los agentes sociales, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Gobierno tiene dos hitos pendientes para finalizar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la «Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación» y «Adecuación de la base máxima de cotización del sistema».

A mediados de noviembre, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó que la segunda fase de las reformas se aprobará mediante un Real Decreto-ley.