UGT responsabiliza a la SEPI del «bloqueo» en la negociación del nuevo convenio colectivo de ENSA
El sindicato estudia medidas legales contra una estrategia de la empresa «que contradice las propias políticas del Gobierno»
La Federación de Industria, Construcción y Agro UGT-FICA ha responsabilizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del «bloqueo» que está sufriendo la negociación del nuevo convenio colectivo y el plan de igualdad de la única planta productiva de Equipos Nucleares (ENSA) en Maliaño, que emplea a más de medio millar de trabajadores.
En un comunicado, UGT-FICA, sindicato mayoritario en ENSA, ha rechazado «la estrategia obstruccionista» de la empresa, participada por la SEPI, tras 21 meses de negociación del nuevo convenio colectivo porque «simplemente contradice las políticas del propio Gobierno español y pone en entredicho el diálogo social y el entendimiento imprescindible entre las partes para alcanzar acuerdos».
UGT-FICA también ha denunciado que la dirección de ENSA «no entra a negociar» un plan de igualdad obligado por ley o una reducción de jornada laboral de carácter general, una negativa «incomprensible» a juicio del sindicato, en una empresa con mayoría de titularidad pública y que la sitúa «fuera del marco de recomendaciones del Gobierno de España».
Por ello, el sindicato se plantea «las medidas legales que considere oportunas» porque «la empresa incumple lo que se obliga a todas las empresas, sean públicas o privadas».
Además, ha subrayado que «hay un número considerable de trabajadores (170 de 540) con salarios incluso por debajo de los del convenio colectivo del Metal de Cantabria, lo que vulnera la negociación colectiva y la reforma laboral acordada por los agentes sociales y el Gobierno y aprobada en el Parlamento español».
UGT-FICA ha insistido en que está estudiando medidas legales «para acabar con esta situación del todo inaceptable en una empresa pública» y ha advertido a ENSA que «la falta de acuerdo está aumentando la precariedad de las condiciones laborales» y que muchos trabajadores con alta cualificación y especialización «estén optando por buscar alternativas fuera de la empresa y otras tantas se lo estén planteando».
UGT considera que la Ley de Presupuestos Generales del Estado «establece mecanismos legales suficientes para resolver este conflicto» y evitar que «una parte importante» de trabajadoraes de una empresa pública «puedan ser considerados ciudadanos de segunda categoría».
«Depende más de la voluntad política que de condiciones legales», ha agregado el sindicato, que ha instado a la SEPI a «retomar la negociación con ánimo de llegar a un acuerdo» y ha reiterado que, en caso contrario, se apoyar las medidas de presión que adopte la sección sindical de UGT-FICA en defensa de los derechos y condiciones laborales de la plantilla.
