UGT celebra que Glovo reconozca la laboralidad de sus repartidores

UGT celebra que Glovo haya reconocido este lunes la laboralidad de sus repartidores, un paso por el que el sindicatolleva luchando desde la irrupción de las plataformas digitales en España, según informa en un comunicado.

En concreto, el sindicato califica este cambio de modelo de Glovo como una «buena noticia» para los derechos de los trabajadores, aunque ha advertido de que «quedan muchas cuestiones que afectan a este colectivo, como definir el convenio de referencia, el incremento de los salarios, el reconocimiento de la antigüedad, el cumplimiento de la normativa en cuanto a la cuentas alquiladas…».

UGT ha reconocido que esta noticia llega tras docenas de sentencias judiciales ganadas en las que el sindicato ha representado a los riders , incluyendo la victoria definitiva en el Tribunal Supremo en el 2020; la aprobación de la llamada Ley Rider en el 2021; la modificación del Código Penal que persigue la reiteración de la violación de los derechos laborales, así como finalmente la aprobación de la Directiva Europea de Plataformas Digitales.

No obstante, el sindicato ha recalcado que continúa con su acción sindical e invita a todos los repartidores a organizarse en defensa de sus condiciones de trabajo y hace un llamamiento al resto de plataformas digitales, tanto de reparto, como Uber, como de otros sectores de actividad como el de la limpieza, cuidados, traducción, periodismo…

GLOVO ANUNCIA UN CAMBIO DE MODELO EN ESPAÑA

Este lunes, Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía de delivery operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, según ha anunciado, al tiempo que ha explicado su decisión como parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país».

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.

En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

La decisión se ha hecho pública el día antes de que el CEO de la empresa, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar a Pierre para tomarle declaración como investigado.

CGT SE PERSONA EN LA CAUSA

El sindicato CGT ha anunciado este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía «con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales».

Está previsto que el ceo de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona este martes 3 de diciembre.

Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los riders tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía «ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomos».

De esta forma, desde CGT critican que los riders quedan desprovistos «de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social», unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta 6 años de prisión y hasta 12 meses de multa.