UGT advierte de que la industria y la construcción de Cantabria pierden asalariados por segundo año

El comité regional de la federación reclama a Pymetal el inicio inmediato de la negociación del nuevo convenio colectivo del Metal

El comité regional de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en Cantabria, máximo órgano entre congresos de la federación con mayor número de afiliados del sindicato, ha advertido que el número de asalariados de todos los sectores de su competencia (el primario, la industria y la construcción) disminuye por segundo año consecutivo tras el crecimiento constante del empleo por cuenta que se inició en 2012.

El comité, que se ha celebrado este viernes en la sede del sindicato en Maliaño, ha aprobado por unanimidad una resolución en la que, entre otras cuestiones, se reclama a la patronal del sector siderometalúrgico de Cantabria, Pymetal, el inicio inmediato de la negociación del nuevo convenio colectivo regional, que afecta a 20.000 trabajadores y que está pendiente de ser renovado tras expirar la vigencia del último firmado en diciembre de 2020.

Según un informe de la federación de UGT, el empleo en el sector industrial de Cantabria se reduce en los dos últimos años casi un 3%, tras registrarse en el tercer trimestre de 2021 un total de 37.493 asalariados, 1.147 menos que hace dos años, tras una caída de 351 de empleos en 2020 (-0,9%) a la que se une otra de 796 (2,07%) este año.

La federación ugetista precisa que a esta pérdida se une una «progresiva precariedad» del empleo asalariado en la industria cántabra, que desde el año 2014 es el sector de «mayor eventualidad» contractual de la región y que este año registra más de un 96% de contratos temporales hasta octubre (46.752 de un total de 48.650), cuatro puntos más que la media regional (92,63%) o el sector servicios (91,9%).

El secretario general de UGT-FICA en Cantabria, Luis Díez, ha señalado durante su intervención en el primer comité regional desde que fue reelegido en el cargo en noviembre del año pasado, que desde 2012 «se había registrado un incremento incesante de asalariados, especialmente en el sector industrial y en la construcción, pero ya desde 2019 y antes de la Covid-19 la tendencia se ha invertido».

Así, según el citado informe, en el sector de la construcción en Cantabria se han perdido en los dos últimos años casi un 18% y 2.544 empleos asalariados (2.030 en 2020 y 514 este año); mientras que en el sector primario, donde sólo un 12% de sus ocupados son por cuenta ajena, la reducción acumulada desde 2019 asciende a 2.421 asalariados (-77,5%), de los que 538 corresponden a este año y los 1.883 restantes a 2020.

RECUPERACIÓN URGENTE DE SALARIOS SEGÚN EL IPC

El comité regional de UGT-FICA en Cantabria incluye en su resolución la reivindicación de recuperar urgentemente en la negociación de los convenios colectivos las cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores ante «el crecimiento desmesurado de los precios en los últimos meses».

Además, reafirma la necesidad de derogar una reforma laboral que «ha sido responsable del empobrecimiento de los salarios y la temporalidad y la precariedad actuales en el empleo» y considera «insuficientes» las partidas destinadas en los PGE de 2022 a paliar el alto precio de la energía.

La resolución exige también una mayor participación sindical en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y una mayor concreción del Pacto de Estado por la Industria para unificar todas las iniciativas encaminadas a un cambio de modelo productivo que debe incluir una Transición Justa, un Pacto Verde Europeo «con plenas garantías para el mantenimiento del empleo».

Por último, manifiesta su preocupación por el «repunte» de la siniestralidad laboral, tanto en el número de accidentes con baja como en el de fallecidos, que asocia a «la precarización de las condiciones de trabajo y la despreocupación de las empresas».

Por ello, la federación exige en su resolución «una aplicación rigurosa de la normativa legal de prevención de riesgos laborales en las empresas y una mayor implicación de la Administración para su cumplimiento».