Matamala, en Waterloo con Puigdemont, entre los senadores indemnizados con 7.678 euros por disolverse la Cámara
El senador de Junts per Catalunya José María Matamala es uno de los 173 senadores que han solicitado la llamada indemnización de transición de 7.678,86 euros que abona el Senado a los parlamentarios por perder el escaño en septiembre al convocarse elecciones generales. Matamala, amigo de Carles Puigdemont, investigado por la Audiencia Nacional por un delito de encubrimiento de rebelión, se trasladó a Waterloo poco antes de perder el cargo el 24 de septiembre.
Con la disolución ese día de las Cortes, en el Senado sólo ha quedado activa la Diputación Permanente, con 72 miembros, los únicos senadores que mantienen por tanto la nómina y la inmunidad parlamentaria, el aforamiento. El resto, 193, perdió el escaño y el sueldo, que volverán a recibir desde el día mismo de las elecciones quienes consigan otra vez escaño.
Para cubrir esos 47 días sin ingresos, el Senado ofrece lo que se denomina indemnización de transición, 7.678,86 euros que se cobran de una vez (163,38 euros al día), que son incompatibles con otros ingresos y que los senadores tienen que solicitar, ya que no se paga de forma automática. Del total 193 que tenían derecho, son 173 parlamentarios de todos los partidos políticos los que han reclamado la ayuda.
Entre ellos figura Josep María Matamala. Está investigado por la Audiencia Nacional en la causa por un presunto delito de encubrimiento de rebelión junto a otras tres personas que acompañaban al expresidente Carles Puigdemont, fugado a Bélgica tras el 1-O, cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018 de vuelta a Bruselas de un viaje. Su defensa ha pedido el archivo de la causa.
Nada más dejar de ser senador, la hija de Matamala anunció que su padre volvía de nuevo a Waterloo al perder la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, Matamala está en libertad y no hay medidas cautelares que restrinjan sus derechos políticos ni sus movimientos. El senador es de nuevo candidato de Junts al Senado en las elecciones del próximo 10N.
INCOMPATIBLE CON OTROS INGRESOS
Según la información publicada por el Senado y recogida por Europa Press, son 173 los senadores los que han pedido esta indemnización y 20 los que no lo han hecho. La mayoría de estos últimos declaran otros ingresos y no pueden por tanto recibir esta ayuda: son miembros de otra institución (parlamentos autonómicos o entidades locales), ejercen la abogacía, declaran otras actividades económicas o son por ejemplo profesores, siempre con autorización de la Cámara.
Entre los que no han pedido la indemnización está el expresidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago (PP), presidente del PP en su Comunidad y miembro de la Asamblea autonómica. Declaran por su parte ingresos como abogados y profesores, entre otros, el socialista José Aurelio Aguilar (Málaga) y el popular Miguel Lorenzo (Coruña).
Hay una senadora que no tiene otros ingresos declarados, según la información que tiene de ella el Senado. Se trata de la socialista Paloma Hernández Cerezo, electa por Fuerteventura y hasta el pasado mes de mayo concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Pidió también esta indemnización el senador por Cantabria Gustavo García García (PSOE), pero renunció al escaño unos días después de la disolución del Senado, así que sólo ha ingresado lo correspondiente a cuatro días: 653,52 euros.
CAMPAÑA EN CONTRA
El cobro de esta indemnización que las Cortes abonan cada vez que se disuelven por la convocatoria de elecciones generales ha provocado esta vez una campaña en contra bajo el lema No curras, no cobras , promovida en la plataforma Change.org para forzar a diputados y senadores a renunciar a esta ayuda por no haber logrado el objetivo de elegir presidente.
Se unieron a la causa 650.000 firmas que cuestionan que estos parlamentarios vayan a ser indemnizados «por los dos meses en los que (otra vez) van a estar sin trabajar» tras una breve legislatura de menos de cinco meses, dos de ellos de verano.
