Tribunal de Cuentas urge a reformar la financiación de partidos: «Se necesita una ley que nos deje tranquilos»

El PP, que fue objeto de expediente sancionador, insinúa que no se trata por igual a los partidos, pero la presidenta lo desmiente

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha urgido este martes al Parlamento a cambiar la ley de financiación de partidos políticos porque tiene «bastantes cosas» que necesitan clarificarse desde que se aprobó en 2015 y porque, si no se corrige, la institución sólo podrán hacer «regular» su trabajo.

«Con esta ley sólo lo hacemos regular, si no la modifican pronto sólo lo vamos a seguir haciendo regular. Póngase a ello –ha instado a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión Mixta (Congreso-Senado)–. Necesitamos una norma que a la ciudadanía nos deje tranquilos, que al Tribunal de Cuentas nos facilite el trabajo y que ustedes puedan trabajar mejor».

Chicano ha presentado este martes en el Congreso los últimos informes de fiscalización realizados por este organismo sobre la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas (ejercicio 2017) y de las fundaciones vinculadas a los mismos (2018 y 2019).

PRIMER INFORME CON LA LEY DE 2015

En el caso de los partidos, es el primero que recoge el impacto de la reforma legal que se llevó a cabo en 2015, en tiempos de mayoría absoluta del PP, y ocho años después se ha visto que hay muchos aspectos que deben actualizarse.

En su exposición, la presidenta del Tribunal ha mencionado algunas de las necesidades, como precisar la legislación sobre los grupos institucionales de las formaciones políticas, obligar a las coaliciones a presentar cuentas anuales, revisar las subvenciones que se están dando para sufragar gastos de seguridad, definir mejor el concepto de donaciones y regular con detalles las nuevas formas de financiación (microcéditos y crowdfunding ), y ampliar los supuestos tipificados como infracción para incluir la no presentación de cuentas anuales.

Y en el debate posterior, la representante del PNV, la senadora Dolores Etxano, ha reconocido que se necesita una nueva ley, y también el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ha coincidido en que hay que reconsiderar asuntos como las subvenciones para gastos de seguridad, pues no está de acuerdo en que las sigan recibiendo partidos que no sufren agresiones y que incluso las instigan.

Eloy Suárez, del PP, se ha quejado de cierta «desproporción» en la atención de las alegaciones que presentan los partidos al tribunal y en la apertura de expedientes, y ha coincidido en la conveniencia de regular las aportaciones de particulares mediante crowdfunding o microcréditos, pues la ley recuerda que la ley prohíbe donaciones finalistas.

Chicano ha negado la posibilidad de que haya un trato discriminatorio a los partidos políticos, recordando que los informes pasan por las manos de muchos técnicos y que la coponencia que se ocupa de las formaciones políticas es «variada». «Yo que es imposible mantener una línea de oposición a algún partido político, pero si lo tienen claro, hágannoslo llegar», ha señalado.

El diputado popular ha aprovechado para criticar operaciones que llevan a cabo otros partidos como donaciones de inmuebles, financiación mediante sorteos anónimos, o los convenios que firman algunas fundaciones para captar dinero de bancos a cambio de promocionarlos.

La socialista Angeles Marra, que también reconoce que es necesario un «desarrollo normativo» de las nuevas fórmulas de financiación, ha replicado cuestionando a Vox que critique la financiación pública mientras la recibe y reprochando al PP los «graves incumplimientos» que le detectó el Tribunal de Cuentas en ese informe de 2017.

Y es que, a raíz de ese informe, el fiscalizador decidió abrir expediente al PP, Ciudadanos y Partido Feminista integrado en Izquierda Unida (IU) por una posible vulneración de la ley de financiación de partidos políticos, pero finalmente desistió y no impuso ninguna multa a populares ni naranjas .

En concreto, a Ciudadanos se le achacaba haber ingresado cuatro donaciones de personas físicas cada una de ellas por el importe máximo de 50.000 euros, pero todas recibidas en la misma fecha y procedentes de la misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes. Por ello, se consideraba que habría podido excederse el límite máximo de donaciones en un año.

En cuanto al PP, el tribunal señalaba que, en una cuenta bancaria que no figura en su contabilidad, había recibido varios ingresos en efectivo por un total de 3.130 euros que no habían sido identificados. Respecto al Partido Feminista, no se identificó a las personas físicas que le hicieron aportaciones por un total de 3.987 euros.

19 FUNDACIONES SIN ACTIVIDAD

Por otro lado, en el informe relativo a las fundaciones en 2020, dos vinculadas al PSOE acumulaban en 2020 un balance negativo de más de dos millones de euros. Eran la Fundación Pablo Iglesias, que actualmente preside la exministra María Luisa Carcedo (con un patrimonio negativo de 1.976.380,91 euros), y la Fundación Ideas para el Progreso, cuyos números rojos se cifran en 151.761,84 euros.

En total, eran seis las fundaciones que presentaban un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019, y 19 estuvieron inactivas en 2018 y 2019, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores.

Por ello, el Tribunal sugiere ajustar las actividades económicas de las fundaciones y entidades y elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa.

Este es el primer informe en el que el tribunal analiza las fundaciones de forma separada de los partidos políticos con quienes mantienen vínculos. En total se examinaron 51 fundaciones y entidades de otro tipo.

SI NO SE INSCRIBEN, QUE NO SE SUBVENCIONEN

En sus conclusiones, recogidas por Europa Press, el Tribunal se lamenta de que por ejemplo, en 2019, sólo 16 fundaciones y entidades presentaron las cuentas en tiempo, 26 lo hicieron fuera de plazo y 9 no las presentaron. Entonces había cuatro que acumulaban dos años de opacidad sin aportar ni un sólo dato: Estudios Sociales de navarra (UPN), Horacio Fernández Inguanzo (PCE de Asturias) y Zabaldiak (IU), y la Asociación Juventudes Navarras (UPN).

Además, solo 21 fundaciones entidades vinculadas se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo con ello la Ley de Partidos. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas propone al legislador que esa inscripción sea condición sine qua non para percibir subvenciones públicas.