Tribunal de Cuentas detecta incumplimientos legales e infracciones sancionables en su primer examen a Aliança Catalana
El Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos legales e incluso una infracción sancionable en su primer examen a la formación ultraderechista e independentista Aliança Catalana que lidera Sivia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona) y también diputada autonómica.
En su informe de fiscalización de las elecciones locales de 2023, que permitieron a Orrols hacerse con la Alcaldía de Ripoll, el Tribunal de Cuentas indica que Aliança Catalana superó en 359,62 euros el límite máximo de gasto electoral que tenía establecido (3.516,15 euros), lo que supone un exceso del 10,23%. Se trata de una «irregularidad sancionable» tipificada como muy grave en el artículo 17 de la Ley sobre financiación de los partidos políticos y que puede acarrear una muta del doble o el quíntuplo de ese exceso.
En la fiscalización, recogida por Europa Press, la institución que preside Enriqueta Chicano ha descubierto además otros incumplimientos legales como una donación de 500 euros recibida sin DNI, aportaciones por un total de 3.024,85 euros sin cumplir los requisitos de acreditación que exige la ley, y un gasto de 1.070,14 euros que no ha sido justificado mediante la remisión de la correspondiente factura.
La formación ultraderechista declaró gastos de mailing por 605,14 euros, pero el Tribunal de Cuentas entiende que el partido de Orriols no cumple los requisitos para reclamar esa subvención, por lo que lo computa como gasto ordinario.
PAGOS Y COBROS EN EFECTIVO
Se denuncia asimismo que Aliança Catalana no acreditó la apertura de una cuenta bancaria específica para las municipales de 2023, algo que exige el artículo 124 de la LOREG, con lo que todos los cobros y pagos (importes de 3.524,85 euros y 3.270,63 euros, respectivamente), han sido realizados en efectivo, incumpliendo la legalidad.
Así las cosas, este primer examen contable de los gastos electorales de la formación independentista se salda con un suspenso, ya que el Tribunal de Cuentas concluye proponiendo al Ministerio del Interior que reduzca la subvención electoral en unos 7.500 euros.
