Transparencia ordena a Trabajo informar a la CGT de los inmuebles que la administración tiene cedidos a sindicatos

Debe especificar qué central utiliza cada local, desde cuándo y qué dimensiones ocupa

El Consejo de Transparencia ha ordenado al Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, que traslade a la Confederación Sindical del Trabajo (CGT) información sobre los inmuebles que la administración tiene cedidos a las organizaciones sindicales, detallando dónde se encuentran, sus dimensiones, qué sindicato hace uso de cada uno de ellos y desde cuándo.

Así lo establece el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en una resolución, recogida por Europa Press, en la que estima la reclamación presentada contra la CGT contra la negativa de Trabajo a entregarle esa información.

En concreto, este sindicato había pedido datos a Trabajo sobre el Patrimonio Sindical Acumulado, los inmuebles cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y que, de acuerdo con lo dispuesto en una ley de 1986, se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales para que puedan desarrollar las funciones que les reconoce el ordenamiento jurídico.

Pero el departamento que dirige Díaz inadmitió la solicitud alegando que, para ofrecer los datos que reclamaba la CGT –sólo relativos a los inmuebles cedidos a sindicatos–, tendría que reelaborar la información que sobre este tema obra en poder del ministerio.

MÁS DE 600 INMUEBLES

Además, Trabajo explicó en sus alegaciones que la CGT podría disponer directamente de la información que reclama si el sindicato hubiera «solicitado el alta» para el uso de la aplicación informática CONPAS (Consulta de Patrimonio Sindical), que está a disposición de las centrales y organizaciones empresariales que la requieran.

El ministerio sostiene que actualmente el PSA está compuesto por más de 600 inmuebles y que para ofrecer los datos que pide el sindicato tendría que descargar una a una la información de cada uno de ellos, comprobar si hay datos protegidos y, en su caso, eliminarlos.

En este sentido, se amparan en el artículo de la Ley de Transparencia que permite inadmitir solicitudes de información si para satisfacerlas es necesario reelaborar los datos de los que dispone en organismo en cuestión.

«La labor específica para recabar la información, ordenarla y ponerla a disposición, debiendo realizar búsquedas masivas, tanto de forma electrónica como manual, en todas las bases de datos y expedientes» es, según Trabajo «causa suficiente» para no atender la petición.

TIENE QUE HABER UN INVENTARIO

La CGT, por su parte, argüye que el Ministerio de Trabajo en ningún momento le ha informado de la existencia de la aplicación CONPAS y que, según la ley que regula el PSA, este departamento ha de tener un inventario de bienes en el que no tiene por qué haber ningún dato protegido que haga necesaria ninguna reelaboración.

El Consejo de Transparencia da la razón al sindicato y, amparándose en su propia doctrina, avalada por sentencias de distintos juzgados, subraya que «no se debe apreciar reelaboración cuando se trata del acceso a información que conste en archivos y documentos existentes con anterioridad a la solicitud, como es este caso».

De hecho, destaca que el propio ministerio reconoce que para ofrecer la información requerida bastaría con recabar y ordenar los datos disponibles en CONPAS sobre el cesionario, la ubicación, dimensión de los espacios cedidos y la fecha de la cesión.

Por todo ello, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación de la CGT y ordena al ministerio de Trabajo a ofrecerle la información reclamada con todos los detalles que exige el sindicato.