Trabajo defiende una nueva directiva europea sobre comités de empresa para una mayor democracia en trabajos

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha defendido este jueves la necesidad de actualizar la actual directiva europea sobre comités de empresa para recoger los cambios experimentados en el mundo laboral y garantizar una mayor democracia en las empresas.

Durante su participación en el Consejo de Empleo, y Política Social (EPSCO) en Luxemburgo, Merino ha señalado que debe definirse de forma más clara el ámbito de actuación de los comités de empresa, garantizar un funcionamiento más eficaz y otorgar las suficientes garantías para los representantes de los trabajadores, ha informado el Ministerio de Trabajo.

La nueva propuesta de directiva, que ya ha sido adoptada por la Comisión tras ser consultada a los interlocutores sociales, supone, para Merino, «un paso adelante en la mejora de los derechos de información y consulta de los comités de empresa europeos y, con ellos, de una mayor democracia en el trabajo».

Durante su intervención, la secretaria de Estado ha recordado que este año se cumplen 30 años de la aprobación de la primera directiva sobre comités de empresa europeos, una normativa que, a su juicio, ya precisa de una modernización.

Actualmente sólo existen un millar de comités de empresa europeos, es decir, una tercera parte de las empresas que podrían tenerlo en la Unión Europea (UE).

Ante las transformaciones que afronta el mundo laboral, tanto desde el punto de vista tecnológico como medioambiental, Merino considera preciso actualizar la normativa y hacerla más efectiva.

En este sentido, la secretaria de Estado ha avalado la propuesta de que la nueva directiva sea más explícita en materia de sanciones en caso de incumplimientos de sus obligaciones, que se mejoren los medios y la financiación para su funcionamiento y que se supriman las exenciones existentes en la actual normativa que han impedido la proliferación de estos comités transnacionales en toda la UE.

Asimismo, ha pedido que la nueva directiva, que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de la UE para comenzar con la negociación de trílogos con el Parlamento Europeo y la Comisión en la próxima presidencia húngara (a partir de julio), constituye un primer paso para reforzar los derechos de información y consulta de los trabajadores, así como su implicación en la toma de decisiones por las empresas.

En el EPSCO también se ha tratado la propuesta de directiva sobre las prácticas laborales, una iniciativa que el Ministerio de Trabajo apoya, ya que tiene por objetivo mejorar la calidad de las prácticas y las condiciones laborales a través de una regulación adecuada.

«Las prácticas no deben ser sinónimo de precariedad ni encubrir abusos ni situaciones fraudulentas», ha asegurado Merino, quien ha explicado, además, que en España la reforma laboral aprobada en 2021 ya reguló los contratos laborales con finalidad formativa con el objetivo de mejorar la formación del trabajador y garantizar sus derechos.

Asimismo, el Gobierno español va a regular las prácticas no laborales para garantizar los derechos de las personas que las realizan.

Merino ha indicado que la directiva debe perfilar mejor su ámbito de aplicación para evitar que las personas en prácticas «pasen a ser una tercera categoría de personas trabajadoras» y evitar situaciones irregulares en todo tipo de prácticas.