Trabajadores temporales de la Administración salen de nuevo a la calle para exigir estabilidad laboral

Trabajadores temporales de las Administraciones Públicas españolas han salido este domingo a las calles de 32 ciudades de todo el país, convocados por la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos (TTPS) y del grupo MI15F, para exigir la estabilidad laboral de sus puestos.

Las manifestaciones se han celebrado en la mañana de este domingo en formato caravana de coches en ciudades como Madrid, Alicante, San Sebastián, Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Pamplona o Santander.

Las plataformas convocantes, que ya se manifestaron el pasado 31 de diciembre, reivindican que «la Administración pública cumpla el derecho de la Unión Europea, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en abuso de temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa».

También reclaman que el Gobierno atienda la resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público, similares a las adoptadas en el sector privado, como son la inspección y la sanción.

En materia de no discriminación, quieren que la Administración deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera.

«Nos manifestamos porque, a pesar de que intentamos por todos los medios (a nivel social, judicial, político y administrativo) que se solucione la situación laboral discriminatoria a la que nos tienen sometidos desde hace décadas, vemos peligrar inminentemente nuestros puestos de trabajo y porque consideramos que la defensa de nuestros empleos es ahora algo prioritario», advierten TTPS y MI15F.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Esther Velasco, trabajadora de la Comunidad de Madrid, portavoz de TTPS y del grupo MI15F, exige que se paren las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que se encuentran actualmente en curso para que los trabajadores que estén «en abuso de temporalidad» no se tengan que presentar, así como que se sancione a las administraciones públicas por este abuso.

«Europa dice que si no existe sanción en la legislación nacional, lo que se tiene que hacer a los trabajadores es ponerles como indefinidos, e indefinidos para Europa es fijo, es decir, la permanencia en el puesto de trabajo hasta la jubilación», ha señalado Velasco, que resume que lo que reivindican hoy en toda España es «la regularización administrativa» de los trabajadores interinos.

Según ha explicado esta logopeda que lleva 11 años como temporal en la Comunidad de Madrid, las plataformas han tenido contacto con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, pero aún no han podido reunirse con él. En cambio, sí se han reunido con algunos sindicatos y partidos políticos, estando algunos a favor de sus reivindicaciones y otros en contra.

Velasco advierte de que las manifestaciones van a continuar hasta que las plataformas consigan su objetivo, que es «la estabilidad laboral», así como «permanecer» en su puesto de trabajo.

UNA SITUACIÓN QUE AFECTA A 800.000 EMPLEADOS

Esta situación de «abuso de temporalidad» afecta a unos 800.000 empleados públicos de toda España, según señala Nazaret Caballero, Personal de Oficios Servicios Internos (POSI) en el Ayuntamiento de Madrid.

Tal y como denuncia, en el Ayuntamiento de Madrid el 28% de la plantilla está en situación de «abuso de temporalidad», porcentaje que asciende al 45% en el caso de los empleados que trabajan para la Comunidad de Madrid.

«Vamos a seguir con las concentraciones, cada vez haremos más», ha advertido Caballero, que recuerda que los empleados públicos ya se han puesto en huelga en Canarias y en Galicia, y «próximamente» en La Rioja. «Y si esto sigue así, en toda España estaremos en huelga los empleados públicos», avisa.