Trabajadores de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid arrancan mañana tres nuevas jornadas de huelga
Los trabajadores afectados por la reorganización de la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid arrancan este lunes otras tres jornadas de huelga para reclamar la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el funcionamiento de los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) en las mismas condiciones y con la misma dotación de personal que tenían antes de la pandemia de Covid-19.
En concreto, la huelga ha sido convocada por los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) y CSIF, junto a la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), y con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) y la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.
En esta ocasión, los paros tendrán lugar desde el lunes día 9 hasta el próximo miércoles, día 11, jornada en la que el sindicato médico Amyts se reunirá con la Consejería de Sanidad para valorar si retoma la huelga de médicos y pediatras en Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre y se suspendió de forma temporal el día 22 de diciembre.
Estos sindicatos, plataformas y asociaciones, que ya han llevado varias jornadas de huelga en los meses de noviembre y diciembre, protestan así por el plan de la Consejería de urgencias extrahospitalarias y el cambio de condiciones de los trabajadores que antes desempeñaban sus labores en los SAR y SUAP.
En concreto, con el nuevo modelo serán 49 Puntos de Atención Continuada (PAC) con presencia de facultativo –39 de ellos antiguos SAR y otros diez donde antes había un SUAP– y 29 dispositivos con cuidados continuados de Enfermería. De este modo, 27 de estos últimos centros de Servicios de Urgencia de Atención Primaria cerrados desde hace más de dos años perderían la atención médica.
La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Sermas aprobó el pasado 28 de diciembre la orden por la que se procede a la reordenación de efectivos afectados por el cierre de estos centros y la apertura de los nuevos centros de continuidad asistencial para la atención urgente extrahospitalaria.
Los sindicatos han anunciado que estudian medidas contra la instrucción para reordenar los recursos humanos de estos dispositivos con el personal que prestaba atención en los antiguos SAR y SUAP y el personal estatutario del Summa 112, desplazado de los antiguos SUAP al hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que dejan igualmente de tener actividad definitivamente.
En la instrucción de la Consejería de Sanidad se alude a una «previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad (donde están representados los sindicatos CC.OO., UGT, Amyts, Satse y CSIT Unión Profesional), algo que rechazan los sindicatos. De momento, los servicios jurídicos de varias organizaciones sindicales preparan ya la impugnación, con un plazo de un mes para presentarla, y están en contacto para valorar si se hace de manera conjunta o individual.
VUELTA AL MODELO ANTERIOR
Por su parte, estos sindicatos, plataformas y asociaciones llevan meses reclamando la vuelta al modelo de urgencia extrahospitalaria que existía antes de la pandemia, con 37 SUAPs y 40 SAR para la atención continuada y con dotación completa.
Además, entre otras cuestiones, reclaman una dotación económica suficiente a la Atención Primaria, que debe representar el 25% del presupuesto sanitario, mientras ahora no llega al 11% y que sitúa a la región a la cola de todas las Comunidades Autónomas, cuya media es casi el 15%, cuando es «la comunidad autónoma más rica».
También defienden un aumento de las plantillas en base a las necesidades reales y la cobertura inmediata de las vacantes estructurales y del 100% de las ausencias, así como poner fin a la precariedad laboral entre los profesionales sanitarios para acabar con el déficit estructural en Atención Primaria.
En la misma línea, abogan por poner en marcha otra serie de medidas como la resolución de las ofertas públicas de empleo de todas las categorías y su convocatoria cada 1-2 años y un Plan de Urgencias y Emergencias «realista y equitativo» para profesionales y población.
