Torres resalta la importancia de la prórroga de los ERTEs y destaca la disposición específica para Canarias

En Canarias hay 205.000 personas en ERTE de fuerza mayor

La disposición daría una «posibilidad» a Canarias en septiembre si las circunstancias así lo exigieran

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado la importancia de la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se prorrogan hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis.

Durante una rueda de prensa para valorar la medida, el máximo dirigente regional ha hecho especial hincapié en que el archipiélago es la única CCAA que tiene en el texto articulado una especificidad determinada por su condición ultraperiférica.

Recordó aquí que la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley dice que «el Gobierno, en atención a las condiciones de lejanía e insularidad que le confieren a Canarias la condición de RUP, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional».

CANARIAS VENÍA TRABAJANDO PARA CONSEGUIR ESTA DISPOSICIÓN

En este sentido, el presidente apuntó que Canarias venía trabajando desde hacía tiempo para que el Real Decreto-ley recogiera esta referencia explícita al archipiélago.

«Era muy importante que tuviésemos esta disposición adicional», observó para explicar que con este objetivo se llevaron a cabo reuniones con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que también participaron los agentes sociales y económicos de las islas.

Torres destacó que el asunto también se debatió en el Congreso de los Diputados con aportaciones y acuerdos entre diferentes partidos políticos. «Es fruto del esfuerzo de muchos», señaló.

«Durante la tarde-noche de ayer –aseguró– se hicieron todos los esfuerzos para que en el día de hoy se recogiese este punto en el articulado del Real Decreto-ley».

De igual modo, Torres dijo que tanto la prórroga como la mención especial para la CCAA son «para estar contentos», ya que Canarias tiene una situación especial al ser la región más dañada en lo económico y depender del turismo y de la conectividad, por lo que agradeció al Gobierno su «sensibilidad».

Comentó en este punto que lo ideal sería que a partir del 30 de septiembre la CCAA tenga una normalidad económica. «Llega la temporada alta de Canarias –agregó– y sería ideal que tuviésemos los hoteles y la realidad económica en la mejor predisposición».

De no ser así, Torres observó que las islas, gracias a la disposición específica, tendrían «una posibilidad» si las cosas así lo exigieran. «Podemos estar contentos», celebró.

LOS ERTES, «UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL»

Por otro lado, expuso que los ERTEs eran una herramienta poco conocida hasta la llegada de la pandemia del Covid-19 «que se ha demostrado como fundamental para el mantenimiento de empleo en nuestro país», ya que la voluntad es que cuando la situación de normalice puedan regresar a sus empleos.

Al respecto, en Canarias hay en la actualidad unas 205.000 personas en ERTE por fuerza mayor y otras 30.000 que están en otro tipo de ERTE, cifra que subiría a medio millón si se suman las personas que están desempleadas en las islas «Por eso era fundamental que se mantuvieran los ERTE de fuerza mayor», aseveró.

El presidente ha remarcado que se permita llevar a cabo ERTE por centros de trabajo «tal y como se aprobó en el Consejo Canario de Relaciones Laborales» y que permite que una misma empresa pueda acogerse a esta medida por centro de trabajo con ERTE total o parcial.

Destacó asimismo que la medida también protege a los trabajadores, «porque todos los que estén en ERTE no consumirán ningún mes de prestación por desempleo».

Finalmente, puso de relevancia otras tres disposiciones más que considera de especial interés: una de ellas es la creación de una comisión para que los trabajadores en ERTE puedan mantener su nivel de renta una vez transcurran los 180 días; en otra disposición se mantiene la mesa tripartita que va a seguir reuniéndose de forma permanente; y, además, se crea un Pacto por el Empleo con los agentes sociales y en el que directamente participa el presidente del Gobierno de España.