Todo el Parlamento salvo Vox aprueba una iniciativa para promover la educación ambiental en las aulas

Luz verde a una propuesta que reconoce la libertad de las autoridades para asistir a actos religiosos

Todo el Parlamento cántabro, salvo los tres diputados de Vox, han aprobado en la sesión vespertina del Pleno de este lunes una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno regional a promover programas educativos y materiales didácticos para abordar la educación en las aulas.

También llama a colaborar con la Universidad de Cantabria y con las instancias de formación continua del profesorado para introducir las metodológicas «más punteras» en educación ambiental, a trabajar con los ayuntamientos en la adecuación de los centros escolares a los retos que el cambio climático y a continuar con el proceso de elaboración de la II Estrategia Cántabra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (ECEA).

Desde el PP, que ostenta el poder en el Ejecutivo, han apoyado la iniciativa pero han criticado que «viene a pedir que se haga todo lo que ya se está haciendo».

«Es como venir a decir que el 24 de diciembre sea Nochebuena, que en verano haga calor o que el Partido Socialista siga manipulando, dibujando un panorama apocalíptico que en absoluto ocurre ni tiene lugar en las aulas de Cantabria», ha denunciado el diputado Álvaro Aguirre.

Mientras, regionalistas y socialistas han defendido la «obligación» de las administraciones de tener en cuenta la sostenibilidad climática en la formas de proceder en todos los ámbitos, también el educativo.

«Promover programas educativos en materia de sostenibilidad ambiental y cambio climático en Cantabria no solo ayudará a combatir los discursos negacionistas con evidencia científica, sino que además será fundamental para visibilizar los efectos del cambio climático en nuestra comunidad autónoma, que tiene un indiscutible ejemplo» en la erosión costera, los incendios forestales o las inundaciones, ha expuesto la regionalista María Teresa Noceda.

En la misma línea, el socialista Jorge Gutiérrez, que ha defendido la iniciativa, ha sostenido que la emergencia climática ha aparecido «con fuerza en la sociedad para revelarse como un elemento sustancial en la agenda pública de todo el mundo».

Sin embargo, ha denunciado que «estamos asistiendo a una ofensiva irresponsable por parte de la derecha más reaccionaria», a la que ha criticado por sus «delirios conspiracionistas», «su ignorancia y sus prejuicios» en torno a políticas como la Agenda 2030.

Algo a lo que ha respondido Vox, que ha tildado la propuesta de «mal articulada, absolutamente ofensiva y poco rigurosa», pues a su juicio «la izquierda» trata de «asustar» con datos del calentamiento global, de emisiones o del nivel del mar «sin base científica».

Por ello, el diputado Armando Blanco ha opinado que «lo único que buscan [los socialistas] con esta iniciativa es hacer ruido para que no se hable de lo suyo: del Tito Berni, de Ábalos, de Jésica, de algún que otro ministro, del número uno, del hermano del número uno, de la mujer del número uno…».

LIBERTAD PARA ACUDIR A ACTOS RELIGIOSOS

Y también se ha aprobado otra PNL de Vox –con el voto a favor de toda la Cámara salvo la abstención del PSOE–, que insta al Gobierno a reconocer el derecho a la libertad de las autoridades para asistir y participar en actos religiosos dentro de las celebraciones que forman parte de la vida cultural y tradicional de Cantabria, tanto a título personal como en representación institucional.

El grupo popular presentó una enmienda a esta iniciativa, aceptada por Vox, que modifica el texto para «reconocer» y no «garantizar», como proponía el documento inicial. Y es que es un derecho que está recogido en la Constitución Española, como ha defendido su portavoz, Juan José Alonso.

En defensa de la PNL, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha remarcado que la religión católica forma parte de la historia e identidad de España y está presente en las tradiciones de los municipios, mientras que regionalistas y socialistas han destacado que miembros de sus formaciones participan en este tipo de celebraciones, independientemente de sus creencias.

No ha corrido la misma suerte que las dos iniciativas anteriores otra del PRC con la que ha dado comienzo la sesión plenaria de por la tarde, que instaba al Gobierno regional a convocar una reunión con representantes de AENA y de Ryanair -que opera el 60% de los vuelos en el aeropuerto cántabro- para analizar los planes de la compañía en Cantabria.

Los regionalistas no han recabado el voto de ningún otro grupo en esta PNL, que ha defendido Javier López Marcano ante las «turbulencias» que vive el aeropuerto Seve Ballesteros, donde hasta 2024 «nunca en la historia de Cantabria ha habido 15 meses consecutivos de descenso de pasajeros» ni «hemos perdido en un año, 147.000 pasajeros».

Sin embargo, los populares han replicado que, pese a que los datos del aeropuerto se hayan convertido en un «mantra» del PRC para criticar al Gobierno autonómico, «la realidad no es la que cuentan» y los datos a cierre de 2024 «son más que notables».

Además, ha subrayado que la Consejería de Fomento ya trabaja «en contacto directo» con las compañías y agentes implicados y que ya se ha reunido recientemente con el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y ha pedido rebajar las tarifas que pagan las aerolíneas en el Seve Ballesteros para poder competir con otros.

Mientras, desde el PSOE han apuntado que la política de tasas aeroportuarias no es competencia autonómica en Cantabria y que, además, esas tasas de AENA «siguen siendo competitivas» pese al aumento aplicado en 2024 -por la inflación, el coste de la energía o mejoras salariales- en comparación con otros operadores europeos. Así, han criticado la «política agresiva» de Ryanair, que amenaza con recortar asientos si la empresa pública no varía su política tarifaria.

En el lado contrario, Vox ha criticado el «tarifazo» con el que AENA quería «desincentivar la proliferación de vuelos» de corta distancia en beneficio del tren, pero que solo ha servido para «recaudar más». El grupo, que considera que el Parlamento «no debe inmiscuirse en las negociaciones» de las compañías privadas con la administración, había presentado una enmienda pero, al no ser aceptada por el PRC, también ha votado en contra.