TJUE avala exigir permiso de residencia a trabajadores ucranianos llegados antes de la protección temporal de la UE
BRUSELAS, 20
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves que un Estado miembro exija un permiso de residencia a trabajadores ucranianos desplazados a su territorio desde otro país de la Unión Europea en el que trabajan desde antes de que estallara la guerra rusa contra Ucrania y, por tanto, la Unión Europea activara la protección temporal que garantiza el derecho a la libertad de circulación, trabajo y residencia a los refugiados huidos del conflicto.
El fallo responde a una cuestión prejudicial planteada por un juez neerlandés que debe pronunciarse sobre el caso de dos trabajadores ucranianos residentes temporales en Eslovaquia, cuya empresa les envía a trabajar durante un periodo superior a 90 días a Países Bajos, en donde las autoridades les reclaman un permiso de residencia.
La legislación de Países Bajos establece que estos trabajadores desplazados deben obtener un permiso de residencia una vez su misión excede el periodo de 90 días, una solicitud de permiso que además va acompañado del pago de tasas. En este contexto, la justicia neerlandesa pregunta si la legislación nacional es conforme con la libre prestación de servicios en la Unión Europea.
En su sentencia, el Alto Tribunal europeo considera que es una «medida apta» que se exija a las empresas establecidas en otro Estado miembro solicitar un permiso de residencia para cada trabajador desplazado para que disponga de un «documento seguro que acredite la legalidad del desplazamiento». Se trata, considera el fallo, una medida adecuada para alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de esos trabajadores.
El permiso en cuestión prueba su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, según el Tribunal con sede en Luxemburgo, que también considera justificado que se exija este trámite pese a ser una restricción a la libre prestación de servicios si se basa en la necesidad de controlar que el trabajador en cuestión no representa una amenaza para el orden público.
Finalmente, el TJUE observa que las tasas adeudadas por la concesión de un permiso de residencia a un trabajador nacional de un país tercero desplazado a país de la UE por una empresa establecida en otro Estado miembro son superiores a las adeudadas por la concesión de un certificado de residencia a un ciudadano de la Unión.
Añade que el importe no puede ser «excesivo o irrazonable» y debe corresponder aproximadamente al coste administrativo que genera la tramitación de una solicitud de obtención de un permiso de ese tipo, extremo que corresponde determinar al juez neerlandés.
