Tellado (PP) culpa a Sánchez de dar a Puigdemont la presidencia del Gobierno: «Esa es la paranoia»


Acusa a Sánchez de «tomar nota de lo que dictaba Puigdemont» tras el Consejo de Ministros

VIC (BARCELONA), 1

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha culpado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar al líder de Junts, Carles Puigdemont, la presidencia de España, y ha criticado que «esa es la paranoia de la política» española actual.

«Esta semana hemos visto que lo que le ha dado no era la presidencia de la Generalitat, lo que le ha dado era la presidencia del Gobierno de España», ha reprochado en el cierre de la interparlamentaria, celebrado en el edificio de El Sucre de Vic (Barcelona).

El dirigente de los populares ha reconocido que anteriormente se pensaban que Sánchez había otorgado la presidencia de la Generalitat a Puigdemont: «¡Qué ingenuos los de Junts! Nos equivocamos, se equivocaron y nos equivocamos».

Tras «trocear» el decreto ómnibus al acordar esta semana uno nuevo con Junts, Tellado ha lamentado que es Puigdemont quien, según él, dirige las decisiones en España.

«Carles Puigdemont ha dirigido el Consejo de Ministros de esta semana y Sánchez se sentaba en una mesa a tomar nota de lo que dictaba Puigdemont desde su exilio. Esa es la paranoia de la política de España de la mano de Pedro Sánchez», ha descrito.

Además, ha criticado, textualmente, la soberbia de Sánchez por negarse a negociar absolutamente nada con los populares: «Al PP le dicen que es inadmisible trocear un decreto ley, pero a Puigdemont finalmente le dicen que sí».

LEY DE AMNISTÍA Y LEY BEGOÑA

Asimismo, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por conseguir que 2024 sea «el año no electoral con el menor número de leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados».

«En 2024, la única ley que impulsó el PSOE fue la Ley de Amnistía, y yo estoy seguro que en 2025 va a pasar lo mismo: la única ley que impulse Sánchez va a ser la ley Begoña», ha pronosticado, en referencia a la proposición de ley presentada por los socialistas para limitar la acusación popular.

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