Lombó está «totalmente de acuerdo» con el nuevo Decreto de Evaluación y cree que «no regala nada»

Señala que en Cantabria la repetición ya «es algo excepcional»

La consejera de Educación de Cantabria, Marina Lombó (PRC), se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con los nuevos criterios de promoción y titulación que recoge el Decreto de Evaluación aprobado hace dos semanas por el Ejecutivo central y cree que «no regala nada».

Este Decreto de Evaluación supone eliminar los exámenes de recuperación en Secundaria, permite obtener el título de Bachillerato con alguna asignatura suspensa y contempla la repetición de curso como algo excepcional.

Lombó ha aclarado que con estos cambios «no se trata de rebajar el nivel de exigencia» a los alumnos, sino «muy al contrario, de que «aprendan mejor» sin «repetir de memoria los contenidos». «No se trata de regalar nada», ha sentenciado tras defender que «la LOMLOE aboga por un aprendizaje integral, global, basado en la adquisición de competencias que les sirvan para la vida».

Así lo ha dicho en el Pleno del Parlamento regional de este lunes, en respuesta a una interpelación de Vox sobre los criterios del Gobierno cántabro ante este nuevo decreto, que para el diputado del grupo Cristóbal Palacio supone dar a entender al alumnado que «el esfuerzo no es necesario» para pasar de curso y crear «dos Españas»: la «del esfuerzo, el mérito y el trabajo» y la de los que se graduarán sin esfuerzo y vivirán «de subvención en subvención».

Ese posicionamiento resulta «escandaloso» para la consejera, que ha explicado que en España «se repite mucho» en comparación con la media europea y a la vez se dan las mayores tasas de abandono escolar. Y es que «no se ha demostrado que la repetición sea eficaz» sino que, al contrario «incentiva más el abandono».

Además, ha remarcado que en Cantabria la repetición «es algo excepcional y nos da excelentes resultados», pues es la tercera comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar, con un 9,1% frente al 16% de media nacional.

Por ello, Lombó confía en la «profesionalidad» del cuerpo docente y en que «adoptarán siempre la decisión que sea mejor para aprendizaje del alumnado como hasta ahora», pues ha defendido que son los profesores quienes mejor sabrán analizar la situación particular de cada alumno para decidir si pasa o no de curso.

No obstante, ha reconocido las «dificultades» para aplicar la nueva normativa en este momento y ha reiterado que no ha gustado a la Consejería este «cambio de rumbo» al que ha obligado el Gobierno central «en mitad de un curso que, no lo olvidemos, es todavía muy complejo», pues la comunidad educativa ya tenía planeadas las evaluaciones y ahora tendrá que incorporar las modificaciones que establece el decreto.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO

También ha sido interpelado en el Pleno el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), en este caso por el PP y acerca de la polémica sobre la reorganización de los centros de interpretación, que está provocando protestas y concentraciones de la plantilla de los mismos e incluso la convocatoria de una huelga para el puente de diciembre para pedir que se aseguren los 70 puestos de trabajo.

El diputado del PP Roberto Media ha instado al consejero a negociar con los trabajadores, que, según ha dicho Media, «no saben qué va a ser de ellos».

Blanco ha aclarado que la red no se «reorganiza» sino que se «crea» para integrar a los cinco centros del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y tres del programa Naturea que estaban «dispersos», «ajustarse» a lo que indican los servicios jurídicos, unificar un solo contrato y construir un único modelo de gestión.

«No ha habido ningún cambio de criterio, sino una adaptación de los pliegos de forma que haya un calendario de apertura único para los ocho centros de la red y un ajuste en el número de personas que se exigirá para atender al público en cuatro de los ochos centros, todos ellos en el sur de Cantabria, en los que se mantendrá una persona por centro, como venía siendo hasta la finalización del contrato existente», ha dicho.

Así, ha asegurado que la Red Cántabra de Desarrollo Rural quiere seguir apostando por el programa Naturea y ha recordado que la ayuda destinada a la misma en el próximo presupuesto es de 1,4 millones de euros. Además, ha aclarado que el CIMA va a seguir realizando una «magnífica labor» en los ocho centros que pertenecerán a la red y que el programa Naturea cuenta con «todas las garantías» de continuidad y «todas las actividades seguirán funcionando».

Por su parte, Cs ha cuestionado a Blanco por las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y planes de mejora de las explotaciones agrarias correspondientes a 2020.

El consejero ha asegurado que en 2020 pese a la pandemia y al estado de alarma que provocó, no ha quedado «ni una sola» ayuda al sector que no haya sido convocada y gestionada pese a las dificultades.

Así, ha señalado que a las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores se recibieron 73 solicitudes y 188 a la de los planes de mejora para modernizar explotaciones agrarias.

Ambas ayudas se resolvieron el pasado 23 de septiembre de este año, una tardanza de la que la diputada de Cs Marta García se ha quejado y ha achacado a la falta de funcionarios para realizar esta labor en la Consejería.

FAMILIAS NUMEROSAS

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, también ha sido cuestionada en el Pleno por el «retraso» en la gestión del reconocimiento del título de familia numerosa y en su renovación.

Álvarez ha asegurado que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) está resolviendo «dentro del plazo» estipulado, que es de 3 meses (actualmente se tarda de media entre 80 y 90 días, según ha dicho).

Además ha señalado que los beneficios que se conceden tienen efecto «desde la fecha de solicitud» del reconocimiento o renovación.

Ha señalado que para acortar los plazos se está intentando «agilizar» el procedimiento y además se ha incorporado a más personal. En este momento, hay cinco trabajadores que se encargan de la resolución de la tramitación de familias numerosas.