Rodríguez deja la Diputación para demostrar mejor su inocencia «fuera»: «Podemos haber sido torpes, pero nunca ladrones»

Al principio y final de su comparecencia se han escuchado aplausos y gritos de «Jorge, Jorge» de alcaldes y empleados de la corporación

VALENCIA, 2

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial «convencido de su inocencia» y de la de su equipo. «Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella», ha manifestado para reivindicar que a lo largo de estos tres han podido «cometer errores» y haber sido «torpes y muy confiados, pero nunca ladrones».

El también alcalde de Ontinyent se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha estado arropado por trabajadores de la corporación y diputados provinciales del PSPV como Toni Gaspar y Pablo Seguí, tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la Operación Alquería que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Antes de atender a la prensa, en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas por el secreto de sumario, Rodríguez ha sido vitoreado y aplaudido por miembros de la corporación y representantes de municipios valencianos de las comarcas de la Vall d Albaida, las Costera y la Canal de Navarrés al grito de: «Jorge, Jorge». Al finalizar, se han vuelto a escuchar aplausos y el nombre de su localidad «Ontinyent».

«Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella», ha señalado.

En su intervención, ha recordado que hace tres años que asumió la presidencia de la Diputación «desde la convicción que es desde las instituciones desde donde se puede mejorar la vida de la gente» y con la seguridad de que «el ejercicio de la política debe de ir ligado a la ética».

Ha indicado que cogió el testigo de una Diputación «repleta de casos de corrupción de los anteriores gestores» y ha destacado que se diseñó un equipo de gobierno «plural», «un gran equipo que a lo largo de todo este tiempo solo ha tenido como objetivo poner la institución al servicio de los pueblos y ciudades, acabar con los criterios de arbitrariedad en las ayudas y aplicar criterios justos y objetivos y que la Diputación dejará de dar vergüenza y volver a ser portadora de buenas noticias», ha enfatizado.

DIVALTERRA: «UNA PIEDRA EN EL ZAPATO»

No obstante, ha reconocido que hasta el pasado miércoles,– cuando se produjeron las detenciones– este empeño «se había conseguido». Además, Rodríguez ha admitido que siempre ha existido en la gestión «una dificultad y una «piedra en el zapato» como era Divalterra, antigua Imelsa.

Al respecto, ha explicado que a lo largo de estos años, su equipo ha reflexionado sobre el futuro de esta empresa pública y, aunque en un principio se valoró disolverla, les «paró» la «inseguridad y el abandono» en el que dejarían a las más de 600 familias que trabajaban en la mercantil.

Por tanto, ha destacado que se trabajó en la puesta en marcha de un equipo directivo de siete personas, capitaneados por dos cogerentes y un asesor jurídico para que actuaran «como un cordón sanitario para gestionar una empresa en la que continuaba la UCO y muchos de los anteriores gestores».

De esta manera, ha puntualizado que de los 15 miembros del Consejo de Administración de la empresa, 13 de ellos, entre los que él estaba, votaron a favor del nombramiento de un gerente que se «dotó de poder para contratar a otra cogerente y al asesor jurídico», ha dicho para destacar que las siete personas nombradas «han asistido a su puesto trabajado con total profesionalidad en el desarrollo de su trabajo».

Sin embargo, Rodríguez ha explicado que hace seis meses ante «las dudas de carácter administrativo existente en la contratación» se decidió «despedirlos para reestructurar la empresa».

«NO HEMOS METIDO LA MANO»

«Estoy seguro de que a lo largo de estos tres años de trabajo nos hemos podido equivocar, podemos haber cometido alguna irregularidad de carácter administrativo, podemos haber metido la pata, pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que ni yo ni mi equipo ni cualquier de mis compañeros en la Diputación ha metido la mano. Podemos haber sido torpes y muy confiados, pero nunca ladrones», ha subrayado.

En este sentido, ha reivindicado el «muy alto» listón de la ética en el que «siempre» han querido actuar los socialistas y, en este sentido, ha remarcado: «yo no voy a permitir que este asunto se pueda utilizar para dañar lo que yo estimo».

«Agradecer al personal diputación, a la gente de mi pueblo, militantes, dirigentes de mi partido, alcaldes y a los regidores que habéis creído desde el primer momento en mi inocencia. Me voy con la conciencia bien tranquila y contento por haber conseguido que el 92% de los alcaldes tengan el convencimiento de que la nueva diputación ha repartido las ayudas con criterios objetivos y lejos de clientelismo políticos», ha dicho.

Además, ha destacado que se va «orgulloso» de dejar la institución en «muy buenas manos», las de sus compañeros en el PSPV Provincial que «siempre» le han mostrado lealtad.

Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.