Sumar ve «alarmante» que la sancionada Alquiler Seguro opte a un lote de Casa 47 y pide cuentas a Vivienda
Sumar considera «alarmante» que Alquiler Seguro, una empresa multada por el Ministerio de Consumo por cobros irregulares a sus inquilinos, se haya presentado en el concurso para gestionar más de 1.000 alquileres de la entidad pública Casa 47, por lo que ha pedido cuentas al Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez.
El grupo plurinacional remarca que Alquiler Seguro fue multada con 3,6 millones de euros ante «cobros indebidos, imposición de servicios no solicitados y cláusulas contractuales potencialmente ilegales». Aún así, la empresa se encuentra entre la docena de compañías que optan a gestionar el alquiler de más de 1.600 inmuebles de Casa 47, entidad pública adscrita al Ministerio de Vivienda.
Sumar esgrime que la «mera presencia de esta empresa en el proceso ya revela una falta de exigencia en los filtros iniciales y obliga a preguntarse por los criterios que están rigiendo la selección de posibles gestores de la vivienda pública».
«Se trata de una empresa sancionada por el Ministerio de Derechos Sociales por prácticas abusivas contra los inquilinos, lo que pone en tela de juicio los filtros y los criterios sociales del proyecto (…) la vivienda pública no puede convertirse en un nuevo espacio de negocio para empresas privadas», apostilla Sumar, que ha registrado una batería de preguntas en el Congreso al Ministerio de Vivienda por este asunto.
En concreto, el grupo pregunta sobre los criterios que usará el Ministerio de Vivienda para determinar la idoneidad de las empresas candidatas y cómo garantiza que se protejan los derechos de las inquilinas.
También quiere saber cómo se asegura que la contratación sea coherente con la protección efectiva de los derechos de las inquilinas y por qué no se priorizan entidades sin ánimo de lucro, cooperativas o fundaciones con experiencia acreditada.
PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE ALQUILERES
Siguiendo con materia de vivienda en el Congreso, el grupo ha registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley para que se establezca la prórroga automática de los contratos de arrendamiento para el año 2026, una medida que el ala socialista pone en duda por su posible encaje constitucional.
El portavoz de Vivienda del grupo y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha enfatizado que la propuesta es «completamente constitucional» y el PSOE no puede seguir «negando a la gente». Asimismo, la propuesta firmada por varios de los partidos que integran el grupo parlamentario de Sumar (Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid y En Comú) expone que dicha prórroga no es una figura jurídica nueva y se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en los últimos años «sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra».
«La prórroga de contratos es una propuesta completamente ajustada a Derecho, respetuosa con el marco competencial, proporcional y de urgente necesidad mientras se negocio una legislación más proteccionista con los inquilinos», zanja Sumar en la proposición no de ley.
