Sumar sugiere la creación de un Premio Nacional al denunciante de corrupción y urge a implementar la ley que les protege

Pide apoyar la creación de canales internos de denuncias en entidades públicas y privadas e impulsar incentivos para realizarlas

Sumar considera urgente que el Gobierno ponga ya en marcha todas las medidas previstas en la Ley de Protección a los denunciantes de corrupción, aprobada hace justo un año, y, además, ha sugerido la creación de un Premio Nacional, de carácter anual, para reconocer a las personas que alerten sobre corruptelas graves.

Así lo plantea el diputado de Izquierda Unida y uno de los portavoces adjuntos de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

Santiago remarca como un hito importante la trasposición de la directiva europea sobre la protección a los denunciantes de corrupción y recuerda que únicamente contó con el rechazo del PP y Vox. Pero subraya que, un año después, ha llegado el momento de implementar la norma en toda su extensión.

EMPEZAR A SANCIONAR

Así en su iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a aprobar «a la mayor brevedad posible» el real decreto sobre el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, para que esta pueda empezar a funcionar desplegando las medidas de protección que contiene la ley también aplicando las sanciones a las entidades que las incumplan que, recuerda, pueden llegar al millón de euros.

Esa norma obliga a las entidades públicas y privadas a crear un canal interno de información que garantice que las comunicaciones que se presenten puedan ser tratadas de manera efectiva por personas formadas en la materia, que se cuide a quienes las plantean y que se tomen medidas contra quienes hayan incurrido en irregularidades, incluidas posibles represalias contra los denunciantes.

En este contexto, Santiago considera fundamental que el Estado apoye, mediante campañas informativas, a estas organizaciones públicas y privadas en la activación de esos canales internos y en la formación de las personas responsables de los mismos.

INCENTIVOS A LAS DENUNCIAS

Asimismo, apuesta por la aprobación de incentivos a la denuncia en las entidades públicas «para que la persona informante de corrupción sea percibida como un modelo, sin que ello signifique revelar la identidad de la persona informante sin su consentimiento expreso».

Además, para incentivar las denuncias, Santiago sugiere la conveniencia de que el Ministerio de Justicia cree el Premio Nacional al denunciante «de manera desinteresada y haciendo frente a posibles represalias, destapen casos de corrupción especialmente graves».