Sumar pide al Gobierno impulsar redes sociales públicas en la UE y más control de las grandes empresas tecnológicas

Quiere que haya más transparencia en la moderación de contenidos de plataformas, como X o Instagram, en procesos electorales

Sumar reclama al Gobierno que promueva en el seno de la UE la creación de redes y plataformas digitales de dominio público, exigir a las grandes compañías tecnológicas que cumplan sus obligaciones tribunales y forzar a que se responsabilicen de cara a moderar los contenidos que difunden, tanto en procesos electorales como en el debate público.

Así lo contempla una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Economía en el Congreso, impulsada por el diputado Francisco Sierra y el portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago.

De esta forma, se insta al Gobierno a liderar, en el seno de la UE, el desarrollo de la soberanía digital en el continente y reforzar la autonomía tecnológica del continente, de cara a promover un escosistema digital «equilibrado y justo» frente a las «injerencias y el intervencionismo» de las grandes empresas tecnológicas.

Además, piden impulsar cambios normativos para que estas compañías cumplan sus obligaciones tanto tributarias, de protección de la libertad de expresión y de garantías de ejercicio de las libertades públicas. Especialmente inciden en hacer transparente sus criterios de moderación de contenidos.

Por otro lado, solicitan que el Gobierno promueva plataformas públicas, así como una política de software libre en la administración pública que evite dependencia de tecnología procedente de proveedores extranjeros.

Dentro de este enfoque, el grupo parlamentario aboga por introducir durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Autonomía Estratégica un capítulo específico de promoción de medios digitales propios, que fortalezca una infraestructura digital sin «dependencia» de las grandes empresas de Silicon Valley. Y, en esta línea, exhorta a revisar los acuerdos comerciales y reguladores con estas empresas.

ERC YA PIDIÓ UNA RED SOCIAL PÚBLICA A SÁNCHEZ

La cuestión de la regulación de estas compañías ha cobrado fuerza en varios grupos en el Congreso. Por ejemplo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, propuso una red social europea de participación pública para contrarrestar «el odio» que se ve en X .

Además, Sumar solicitó a mediados de enero la comparecencia en el Congreso de Hélène Verbrugghe, miembro del equipo de Asuntos Públicos de Meta para España y Portugal, tras la decisión de sus redes sociales como Facebook e Instagram de poner fin en Estados Unidos a su sistema de verificación de datos.

SILICON VALLEY TIENEN PODER PARA MOLDEAR LA REALIDAD SOCIAL

La iniciativa describe que las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley han transformado «radicalmente» el panorama global no solo en términos económicos, sino también en la dimensión política y social.

«Han reconfigurado las dinámicas tradicionales de poder, desplazando en muchos casos a actores estatales e instituciones democráticas», ahonda el texto.

En especial, advierten que la actividad de estas grandes corporaciones «juegan un rol crucial en la definición de las narrativas públicas», en el «control de la información» y en las interacciones sociales. Y eso se traduce en su capacidad en la opción de «moldear la realidad social, política y económica a través de la tecnología».

Luego han destacado que compañías como X (antigua Twitter) y Meta (que agrupa a Facebook, Instagram o Whatsapp) han cambiado su manera de gestionar los contenidos que circulan por sus redes, al eliminar controles de verificación que antes buscaban eliminar el «sesgo y la manipulación de información».

SE HAN DEGRADADO LOS CONTROLES Y HAY MÁS INFORMACIÓN FALSA

Así, ha desgranado que esta «degradación» de controles y la rapidez de difusión de contenidos provoca la difusión de «narrativas distorsionadas» sin el control y responsabilidades que tienen los medios de comunicación tradicionales.

«Se multiplica el fenómeno de la infodemia», explican los dos diputados para aludir a la sobreabundancia de información, tanto veraz como falsa, que dificulta la capacidad de discernir entre fuentes fiables y bulos. Por ello, alertan que sin mecanismos de verificación se crea el terreno idóneo para promover discursos «extremistas».

También lamentan que el dominio del mercado de estas empresas provoca serios problemas sobre el cumplimiento de leyes antimonopolio, pese a los intentos regulatorios que han impulsado varios países.

A su vez, tanto Sierra como Santiago apuntan que el campo digital se ha consolidado como «terreno clave de confrontación» desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpiera en la escena política. Incluso señalan que estas grandes tecnológicas también han sido acusadas, ante el «genocidio» en Gaza, de ser «cómplices activos del sionismo» por su narrativa sesgada restringiendo la visibilidad de voces críticas con Israel.

«Al servir de plataforma para las campañas de propaganda y censura, estas empresas se alinean, aunque sea de forma indirecta, con ciertos intereses geopolíticos, favoreciendo el statu quo y perpetuando determinados conflictos», sentencian.

En esta línea, vinculan también a esta deriva políticas desregulación y los dos diputados apuntan a que la Ley de Servicios Digitales, una normativa reciente de la UE para intentar regular el comportamiento de las grandes plataformas, resulta complicada de implementar con el consiguiente retraso en la efectividad de sus medidas.

Finalmente, concluyen que las grandes tecnológicas, «lejos de ser agentes neutros, están configurando el orden mundial», pues su influencia sobre el acceso a la información cada vez es más evidente en un escenario donde Estados Unidos «busca consolidar su supremacia». Y la respuesta ante esta dinámica «oligárquica», según ahonda la iniciativa, es mayor regulación y promoción de un espacio digital verdaderamente público.