Sumar pide a Fiscalía investigar el acuerdo de conformidad de los empresarios que reconocieron pagar a menores por sexo

MURCIA, 27

El Grupo Plurinacional de Sumar ha presentado una iniciativa en el Congreso por la que solicita al Gobierno central que inste a la Fiscalía General del Estado a que abra una investigación sobre el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia y siete empresarios que admitieron haber pagado a menores a cambio de sexo.

Cabe recordar que los empresarios evitarán ir a prisión tras pactar con la Fiscalía de Murcia una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos.

La iniciativa, impulsada por el portavoz de Sumar en Interior y Justicia, Enrique Santiago, tiene por objetivo «analizar las posibles causas de los retrasos en el proceso judicial y cómo estos han permitido que se llegara a un acuerdo de conformidad eludiendo penas más severas», según informaron fuentes de IU-Verdes de la Región de Murcia en un comunicado.

En la iniciativa, Sumar apunta que «si nada lo impide, los retrasos judiciales van a permitir a siete empresarios de la Región de Murcia librarse de entrar en prisión después de reconocer haber abusado sexualmente de menores».

«Y no es una excepción: la falta de personal y de medios, además de posibles otras razones, están retrasando de tal modo los procesos judiciales en toda España, pero de modo particular en la Región de Murcia, que muchos criminales confesos se están beneficiando de lo que se conoce como dilaciones indebidas, que no son más que las excesivas demoras de los procesos judiciales por causas ajenas a los acusados», añade.

Por ello, la propuesta de Sumar también solicita que se doten de los recursos necesarios a los órganos judiciales de la Región de Murcia para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.

El coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia, Jose Luis Álvarez-Castellanos, ha calificado de «vergonzoso» el acuerdo alcanzado entre los empresarios y la Fiscalía, y ha denunciado que las demoras procesales generan «preocupación» por «el impacto en el acceso a una justicia eficiente y oportuna, especialmente en casos sensibles que involucran a menores de edad».

Álvarez-Castellanos ha considerado «necesario acabar con la situación endémica en Murcia, la cual ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Fiscalía General de la Región de Murcia».

«Nuestra región ocupa el primer lugar en carga de trabajo a nivel nacional, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de aumentar los recursos y mejorar la gestión para asegurar que se puedan atender adecuadamente todos los casos judiciales», ha aseverado.

El líder regional de la formación de izquierdas ha reclamado que «en casos como el que nos ocupa, resulta un auténtico escándalo que siete acusados confesos de delitos tan graves puedan prácticamente quedar impunes, eludiendo los castigos que hubieran merecido si la instrucción se hubiera llevado a cabo con la diligencia que exige un sistema judicial moderno».

Asimismo, ha hecho hincapié en que con esta iniciativa, Izquierda Unida y Sumar «buscan que se haga una revisión a fondo para garantizar que todos los procesos judiciales de abuso sexual y trata de personas se realicen con las garantías necesarias y en tiempos razonables».