Sumar lleva mañana al Congreso su ley para recuperar la jurisdicción universal y poder perseguir crímenes de Israel

El grupo parlamentario de Sumar defenderá este martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para recuperar la jurisdicción universal en España y que así los tribunales españoles puedan perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos, con independencia de dónde se produzcan. El grupo plurinacional ya adelanta que esa reforma permitiría poner fin a la impunidad de los cometidos por Israel contra la población palestina.

La ley, recogida por Europa Press, pretende restablecer el principio de justicia universal que fue cercenado con una reforma en 2009 por parte del Gobierno del PSOE, que según Sumar se acometió precisamente para cerrar un caso que se seguía en la Audiencia Nacional sobre «ejecuciones extrajudiciales» en Gaza mediante bombardeos contra la población civil, y que fue eliminado prácticamente en 2014 con otro cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta vez impulsado por el PP de Mariano Rajoy.

Cuando se presentó la iniciativa legislativa, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, explicó su ley no se plantea «ad hoc» para la situación que viene atravesando la ciudadanía palestina, pero también reconoció que su aplicación evitaría que queden «impunes» los crímenes de Israel.

EL PNV TIENE OTRA LEY REGISTRADA

El PNV fue el primer grupo en registrar esta legislatura una proposiciones de ley para modificar el artículo 23 de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar la regulación de la jurisdicción universal y evitar «impunidades ante graves crímenes internacionales», todo ello con el fin de que se puedan perseguir en España con independencia de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los autores o las víctimas. La propuesta está pendiente de debate.

Sumar sigue ese espíritu y establece que la Justicia española será competente para investigar delitos cometidos por españoles o personas extranjeras cuando se den los tipos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de desaparición forzadas acorde a los convenios internacionales, torturas, terrorismo, piratería, trata de seres humanos, tráfico de drogas, esclavitud, mutilación genital o delitos graves contra el medio ambiente.

También recoge la persecución de delitos de «apartheid» cometidos en un contexto de «régimen institucionalizado de opresión o dominación sistemáticas de un grupo racial (…) realizados con intención de mantener dicho régimen». Precisamente diversos cargos de Sumar acusaron a Israel de aplicar un «apartheid» a la población en Gaza.

DEBE HABER ALGUNA CONEXIÓN CON ESPAÑA

La iniciativa precisa que, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por España, debe quedar acreditado que los responsables o las víctimas tienen algún tipo de conexión con España, cerciorándose también que no se ha iniciado ningún procedimiento en la Corte Internacional de Justicia. Salvo en el caso de genocidio.

A su vez, se fija que la víctima pueda denunciar a la Fiscalía o interponer querellas a los tribunales españoles cuando exista un interés legítimo. Y es que Santiago incluía requisitos «absurdos» como que el victimario fuera español o residiera en España, dado que esto suponía prácticamente eliminar el principio de jurisdicción internacional.

Por otro lado, el texto plantea una disposición transitoria única para facultar a los tribunales a reabrir de oficio casos que quedaron archivados con la reforma de los populares en 2014, que entre otros provocó el sobreseimiento de la causa abierta por la Audiencia Nacional por la muerte de José Couso en la guerra de Irak en 2003, donde estaba desplazado como informador gráfico para hacer cobertura del conflicto.

UN PRINCIPIO INSTAURADO EN 1985

Durante su presentación, el dirigente de IU argumentó que el principio de justicia universal se consagró en la primera Ley del Poder Judicial de 1985 para perseguir crímenes internacionales y que, en un contexto internacional de impunidad de crímenes en todo el planeta «sin ningún tipo de límite», es el momento de restaurarlo.

De hecho, ya ha habido organizaciones que les relataron que hay crímenes contra la población palestina en Israel que «habitualmente quedan en la absoluta impunidad» y no existen «mecanismos de persecución eficaz», mientras que «obviamente» los crímenes que se cometen contra población israelí «son siempre perseguidos». «Es un ejemplo de esas situaciones de impunidad en tantos países del mundo que se trata de evitar con esta reforma», señaló.