Sumar lleva el martes al Congreso su ley para despenalizar injurias a la Corona y ultrajes a símbolos nacionales

Plantea cambiar el enaltecimiento del terrorismo por un agravante en el Código Penal contra vejaciones y humillaciones a las víctimas

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes la proposición de ley registrada por Sumar para reformar el Código Penal con el objetivo de suprimir los denominados delitos de opinión, entre los que están las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

También plantea eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, para evitar condenas a cantantes y artistas, y sustituirlo por un agravante en el artículo que pauta la alevosía ante humillaciones o vejaciones a las víctimas, con la finalidad de darles una cobertura de protección reforzada.

Esta fue la primera ley registrada por Sumar en esta legislatura y tiene su origen en la que ya presentó Unidas Podemos en la anterior. El Congreso llegó a tomarla en consideración pero finalmente la reforma no se hizo por la continua ampliación del plazo para la presentación de enmiendas, pese a que el PSOE y Unidas Podemos tenían mayoría en la Mesa de la Cámara.

Cuando presentó la iniciativa el pasado mes de septiembre, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, insistió en que ese cuerpo de figuras penales hacen que España constituya una «anomalía» dentro de la Unión Europea, dado que no figuran en las distintas legislaciones de los países comunitarios, y que, por ello el Tribunal de Estrasburgo ya ha «sacado los colores» a nuestro país en distintas resoluciones.

Según recordó, la última vez España fue condenada a indemnizar al sindicalista Pablo Fragoso por haber vulnerado su libertad de expresión al ser condenado por incitar a la quema de la bandera en protestas laborales que se registraron ante el Arsenal de Ferrol en el año 2014.

LA CASA REAL SEGUIRÁ PROTEGIDA EN LOS DELITOS DE INJURIAS

Sumar defiende que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser «innecesario» al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa.

Y lo mismo pide para el de injurias a la Corona, que también ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España. Según Santiago, su derogación no genera «indefensión» a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.

También plantean la supresión del delito de ultrajes a la patria, un tipo que hasta un magistrado del Tribunal Constitucional, propuesto por el PP, ha reconocido que «no tenía razón de ser».

Sumar también pauta la eliminación de las injurias a la nación, un delito que estaba dirigido a actos contra el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y que prácticamente no se ha aplicado. Al igual que en el caso de la corona, el grupo parlamentario considera que a estos órganos tienen la protección de los delitos de injurias, calumnias y derecho al honor.

EVITAR CASOS COMO EL DEL CANTANTE DE DEF CON DOS

En el caso del enaltecimiento del terrorismo, delito que se endureció en 2015, Sumar busca su reconfiguración tras las sentencias dictadas por ejemplo contra los raperos Pablo Hasél o Valtónyc o contra el vocalista de Def con Dos César Strawberry, cuya condena fue anulada por el Constitucional.

El grupo plurinacional sostiene que ya existen suficientes mecanismos para proteger a las víctimas del terrorismo, pero propone otorgarles en el Código Penal una protección reforzada con un agravante del artículo 22 que menciona expresamente como delito humillaciones y vejaciones al colectivo, sin limitar así la libertad de expresión.

Otro de los artículos que quieren reformar es el 538, que pauta la inhabilitación para agentes de la autoridad o funcionarios públicos (de seis a diez años) que, fuera de los casos permitidos por la legislación, requisen libros y periódicos o suspendan contenidos en Internet o emisiones de radiotelevisión. También piden inhabilitar al personal público que impida el ejercicio de libertad de expresión de forma colectiva a personas por encuadrarlas en organizaciones sindicales.