Sumar exige al Gobierno liberar los ahorros de los ayuntamientos para la compra «masiva» de vivienda pública
Propone liberar parte de los 39.000 millones de remanentes para mejorar el «raquítico» parque público de vivienda
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado este jueves una iniciativa en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra «masiva» de vivienda para el parque público.
Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, frente a las autonomías o la Administración central, que sí pueden incurrir en déficit. Esto supone que los ayuntamientos acumulan un remanente en el banco que, por la estructura de la propia ley, no pueden gastar.
Ibáñez ha explicado que esos remanentes ya van por casi 39.000 millones de euros, según datos del Banco de España. «Estamos hablando de 38.698 millones de euros que los ayuntamientos tienen y no pueden gastar, sencillamente porque Sánchez no ha desmontado la arquitectura de opresión fiscal que hizo el señor Montoro», ha espetado en una rueda de prensa en el Congreso.
El diputado ha señalado que, a su juicio, el problema no pasa por una falta de oferta, sino porque España tiene un 2% «raquítico» de parque público de vivienda, lejos del 9% de la Unión Europea o el 30% de Países Bajos o Austria, y porque el turismo «secuestra» viviendas del mercado.
Por este motivo, el grupo plurinacional ha registrado una proposición no de ley para avanzar en la descentralización del Estado para garantizar el derecho a la vivienda. Una de las tres patas de esa descentralización pasa por autorizar el uso de los ahorros municipales para la compra masiva de vivienda construida para el parque público.
DEROGACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Asimismo, la propuesta de Compromís insta al Gobierno a presentar «de forma urgente» un proyecto de derogación completa tanto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
La coalición valencianista considera que esta última norma supuso un empobrecimiento de los servicios públicos y un «importante ataque» a la autonomía local que no puede seguir presente antes las «multicrisis cada vez más recurrentes».
Por último, la propuesta insta al Ejecutivo a la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Bases de Régimen Local que permita una mejora de los servicios públicos con más recursos al nuevo marco competencial local y un nuevo pacto de financiación local y autonómica.
