Sumar da por hecho que la amnistía saldrá adelante y aspira después a emprender una reforma del delito de terrorismo

Pisarello cree hay que evitar que se acuse por terrorismo a meras protestas y censura la «obsesión vengativa» de jueces afines al PP

El dirigente de En Comú Podem y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha dado por segura la aprobación de la Ley de Amnistía que permitirá pasar página al denominado conflicto catalán, pese a la «obsesión vengativa» de jueces «afines» a la derecha.

También ha apuntado que una vez que esta normativa tenga luz verde por parte del Congreso, se ha mostrado partidario de emprender una reforma del delito de terrorismo (el artículo 573 del Código Penal), con el objetivo de evitar que cualquier ciudadano pueda ser acusado por este tipo penal por protestar o manifestarse, sea o no independentista.

Al hilo, ha censurado que un «grupo de jueces ultraconservadores» del Tribunal Supremo, a raíz de su resolución para abrir causa penal al expresidente catalán Carlos Puigdemont en relación con el caso Tsunami Democràtic , sostengan que el terrorismo es un «concepto en constante evolución» y equipare protestar con un «carrito portamaletas» a la tenencia de explosivos.

«Una barbaridad», ha clamado el diputado de Sumar durante una rueda de prensa en el Congreso, que supone una «amenaza» grave a derechos y libertades que debe atajarse con propuestas legislativas.

«No puede permitir que manifestaciones como las que se han visto en Madrid en defensa de la sanidad pública sean consideradas terrorismo. No puede permitir que huelgas, que protestas salariales, que decenas de manifestaciones ecologistas, feministas, republicanas puedan ser consideradas terrorismo. Ni el procés es terrorismo, ni Tsunami Democrátic es terrorismo, ni tampoco lo son las protestas», ha zanjado.

EL PP ATACA LA AMNISTÍA PARA INTENTAR «DESCARRILAR LA LEGISLATURA»

En rueda de prensa en el Congreso y sobre las negociaciones entre PSOE y Junts, Pisarello se ha mostrado confiado en que la Ley de Amnistía contará con el apoyo de la mayoría del Congreso, puesto que es adecuada al derecho europeo, sobre todo a raíz de la lectura del informe preliminar de la Comisión de Venecia.

Pisarello ha recriminado al PP su intento de maniobrar en instancias comunitarias contra la Ley de Amnistía con el «único propósito» de hacer «descarrilar» la legislatura. Y en consecuencia ha insistido que una vez se apruebe la proposición de ley, propondrá a la mayoría «democrática» del Congreso revertir la «reforma liberticida» del Código Penal acometida por el PP en 2015.

También ha augurado que los populares tratarán de «bloquear» la tramitación de la amnistía utilizando «todo tipo de subterfugios» en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, pese a que, a su juicio, supondría una «utilización inconstitucional» de los órganos parlamentarios.

Pisarello ha lamentado que si el PP fuera una derecha «civilizada», reconocería que la amnistía es constitucional y una figura ya presente en el derecho europeo comparado, cuya misión es el objetivo «legítimo» de mejorar la convivencia en España y «cerrar» las heridas generadas en el procés mediante este «olvido penal» de encausados en el conflicto catalán.

Sin embargo, ha reprochado a los populares de movilizar a sus «jueces afines» para hacer una lectura «torticera» de las leyes en casos como Tsunami Democràtic con vistas a «intentar condicionar la agenda parlamentaria y legislativa».

SUMAR: EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO NO SE PUEDE INDULTAR NI AMNISTIAR

Por otro lado y cuestionado sobre la propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz de prohibir indultos por casos de corrupción y si esto casa con la medida de gracia concedida a dirigentes independentistas en una condena que en algunos casos incluía malversación, Pisarello ha subrayado que Sumar se opone de manera tajante a que se concedan indultos o amnistías en situaciones de enriquecimiento ilítico, que es la «definición por excelencia de corrupción».

También ha desgranado que ya en su día los comunes querían impulsar la modificación del delito de malversación, unido a su oposición a cualquier «intento» de incorporar entre los admnistiables a personas que se pudieron haber lucrado irregularmente, tanto directa como indirectamente.

Por tanto, ha apostillado que la posición de su espacio político es clara, basada en la contundencia contra la corrupción, pero también alertan de determinadas operaciones «judiciales» de la derecha para tratar de «pasar por corrupción» lo que «son intentos de destrucción de los adversarios políticos».

Y como ejemplo ha citado querellas archivadas o no admitidas contra la exalcaldesa de Barcelona o incluso en su propio caso, aludiendo con ello a la decisión del Supremo de rechazar la denuncia por el fallido proyecto Open Camp de Montjuïc.