STEC valora «con claroscuros» el primer curso de la legislatura


El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha valorado «con claroscuros» el primer curso de la legislatura que ahora finaliza, en el que el «buen talante negociador contrasta con la limitación de acuerdos alcanzados», y en el que se han producido avances, pero también «decepciones» sobre cuestiones pendientes que van desde la adecuación retributiva al descenso de ratios, pasando por la sustitución parcial de la jornada a docentes a partir de 55 años.

Así, en su opinión, ha habido «un buen avance gracias a la presión ejercida» por los sindicatos para extender el modelo de la pareja docente a las aulas de 1 año.

Pero también «una profunda decepción» por la «fallida recuperación» del derecho a la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, los «lamentables desvíos de recursos públicos a negocios educativos privados» (con una mayor concertación de la Orientación, las pizarras digitales, etcétera), y «frustrantes cuestiones pendientes», como las ratios y los salarios, que estaban en el cronograma de negociaciones acordado.

«El buen talante negociador está ahí, pero contrasta con la limitación de acuerdos alcanzados, con la falta de mejoras hechas realidad», ha sentenciado el STEC este jueves en una rueda de prensa de balance del curso escolar que ahora termina.

STEC ha recordado que el pasado mes de abril, el consejero de Educación, Sergio Silva, anunciaba su primera gran medida de la legislatura, tras suscribir con ANPE y CCOO un acuerdo para la sustitución parcial de la jornada lectiva de mayores de 55 años. Se trataba del último derecho perdido de los «recortados» durante el Gobierno popular de Ignacio Diego y Miguel Ángel Serna, y se presentó como su recuperación.

Sin embargo, «la mayoría de la Junta de Personal Docente», entre la que se encuentra el sindicato mayoritario STEC, rechazó el acuerdo porque no recuperaba las condiciones de 2006 (permite reducirse una hora menos que entonces) y «dejaba fuera injustamente a la mayoría de docentes de esa edad».

Esta exclusión «arbitraria e injusta» de amplios sectores (escuela rural, jornada parcial, etcétera) ha llevado a STEC a recurrir judicialmente la medida, si bien apuesta por reabrir la negociación.

El sindicato ha recordado que en la rúbrica del acuerdo, el consejero indicó «que beneficiará a cerca de 2.000 docentes de la Comunidad Autónoma, 1.095 el primer año y en los tres siguientes 321, 277, 557, respectivamente». Sin embargo, según datos oficiales de la Consejería a los que se ha remitido STEC, han solicitado acogerse 96 docentes de los que han podido hacerlo 76. En este sentido, ha censurado que «en tanto que el principal argumento de la Consejería para una posición tan cicatera era la inversión económica que requería, está claro que la partida reservada a tal fin va a quedar prácticamente intacta».

Por ello, STEC ha hecho una «propuesta sincera» a la Consejería para renegociar los términos de ese acuerdo, «que debiera contribuir a rebajar la desbordante carga de trabajo y burocracia» del profesorado cántabro.

OTROS ASUNTOS PENDIENTES PARA SEPTIEMBRE

La negociación de la extensión de la bajada de las ratios máximas por aula, que es la medida de mejora educativa que más consenso suscita entre el profesorado, ha quedado «enquistada» según STEC, con la Consejería ofreciendo una aplicación año a año que es la actual y que va «muy por detrás del valle demográfico que asoma a los institutos, y que supondría un incumplimiento flagrante del propio compromiso electoral con el que el Partido Popular llegó al Gobierno».

El otro gran asunto pendiente es la adecuación retributiva, que suma 16 años de espera en los que el personal docente ha perdido más de 15 puntos de poder adquisitivo.

Al respecto, STEC ha lamentado que mientras la Consejería de Sanidad «sí ha comprometido una importante subida salarial», la de Educación «continua postergando por falta de fondos pese a reconocer que es necesaria», lo que le lleva a dudar de que «la educación y la Consejería de Silva tengan el peso que merece y requieren en el Gobierno autonómico».

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