STEC replica a Buruaga que es el Gobierno quien debe «reflexionar» y presentar nueva propuesta de adecuación salarial

Acusa a la Consejería de «manipular» los datos de la huelga y elabora un «croquis» para la presidenta por su «desconocimiento» de la situación

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha replicado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que es el Gobierno autonómico (PP) el que tiene que «reflexionar» y presentar una nueva propuesta sobre la adecuación salarial docente, tras la huelga «mayoritaria» -que según sus cálculos tuvo un seguimiento aproximado del «56%»- y la movilización «histórica» del pasado 3 de abril, con «más de 5.000 personas» en las calles.

Así lo han señalado este martes en rueda de prensa Diegu San Gabriel y Laura Encinas, miembros del sindicato, que han reprochado a la Consejería de Educación la «manipulación» de los datos de seguimiento de la huelga -dando a media mañana el dato «ridículo» del 24% y elevándolo después al 43%- para «intentar manchar su éxito».

Para el sindicato, la reacción de Buruaga «descalificando» la huelga, llamando a reflexionar a los sindicatos y solicitándoles una nueva propuesta, resulta «preocupante» porque refleja «un desconocimiento total de la realidad», ha dicho.

Por ello, desde STEC han elaborado un «croquis» dirigido a la presidenta regional, que se enviará a los centros para que lo cuelguen, en el que se explica el desarrollo del conflicto por la adecuación salarial desde el 20 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Según señalan, el consejero de Educación, Sergio Silva, realizó una segunda propuesta hace un mes (7 de marzo) y desde entonces «lo único que ha hecho es reenviarla como ultimátum a todo el profesorado, anunciando que no se movería de ella salvo que ocurriera algo extraordinario».

Asimismo, apuntan que la Junta de Personal Docente hizo una contrapropuesta el 13 de marzo, «planteando ceñir la negociación a los consensos sindicales y parlamentarios, moviéndose el triple en las partidas y solicitando una nueva convocatoria de negociación, que la Administración desestimó realizar», pese al «amplio margen» que tenía previo a la huelga.

De esta forma, los sindicalistas entienden que «son Buruaga y Silva quienes deben reflexionar sobre el evidente malestar de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, y quienes deben contestar a la propuesta de acuerdo de la Junta, demostrando voluntad negociadora».

«El colectivo docente ha demostrado que ni se deja amedrentar ni acepta ultimátums», han trasladado los miembros del sindicato, que entienden que «si no está a la altura de solucionar esta cuestión, el que debe decaer es el consejero».

De no ser así, han señalado, «volverá a quedar patente que el Gobierno no se baja de aquella propuesta ampliamente contestada por el colectivo docente, enquistando el conflicto laboral abierto».

«Toca al Gobierno empezar a respetar, acatar consensos y negociar la recuperación del poder adquisitivo docente», han sostenido los sindicalistas, que dan al Ejecutivo autonómico «un tiempo limitado» para ofrecer una «contrapropuesta» porque «cuanto más tiempo pasa menos margen temporal y menos margen presupuestario hay». «Lo tienen que atender de inmediato», han dicho.

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

De lo contrario, han avanzado que seguirán con las movilizaciones. «Mientras este conflicto no se solucione los gobernantes o dirigentes políticos no van a tener un acto de foto tranquilo, vamos a llevarlo a todos los ámbitos», han advertido.

En este sentido, han recordado que la Junta de Personal Docente, que se tiene que reunir para decidir los siguientes pasos que llevará a cabo, está realizando este martes una protesta en el evento de Cantabria Skills de FP que se celebra en Peñacastillo.

Asimismo, para este Miércoles verde se ha hecho un llamamiento a hacerse fotos en los centros para «llevar la protesta de las calles a las redes» y también se ha convocado el día 10 una movilización frente a la sede del Gobierno contra el cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales.

«Es una cuestión política, de prioridades», han sentenciado los representantes de STEC, que han recordado que el objetivo es «dejar de perder poder adquisitivo».

En este punto, han indicado que la última adecuación se llevó a cabo entre 2003 y 2008, en la que se consiguió un incremento de 330 euros en cinco años, frente a los 100 euros mensuales que se les ofrece en la actualidad, han apostillado.