Sota, «tranquilo» tras la decisión del TSJC de investigarle por el caso Sogiese : No he cometido ninguna ilegalidad

«Si algo se pagó indebidamente fue en la etapa del 2012 al 2015, no en la etapa en la que yo he sido consejero», afirma el consejero socialista

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), se ha mostrado «tranquilo» pese a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de abrirle una investigación por el caso de los sobresueldos en Sogiese, ha insistido en que «no ha cometido ninguna ilegalidad» y ha asegurado que prestará «absoluta colaboración» con la Justicia.

Así ha respondido al ser preguntado por la resolución dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC de abrir diligencias de investigación tras ser denunciado por OlaCantabria por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero que se pagó de más a cinco ejecutivos de Sogiese, entre los que, según el partido denunciante, estaría la hija de Sota.

«Si algo se pagó indebidamente fue en la etapa del 2012 a 2015, no en la etapa en la que yo he sido consejero», ha dicho Sota, que ha señalado al anterior Gobierno de Cantabria (PP). «El mismo Gobierno que puso unos límites a los salarios los siguió pagando hasta el año 2015», ha aseverado.

OlaCantabria, cuando anunció a mediados del mes pasado que había denunciado a Sota ante el TSJC, explicó que lo hacía por no recuperar e ingresar en la Tesorería General el dinero pagado de más a estos cinco ejecutivos de la empresa pública Sogiese.

En contraposición, Sota ha defendido que cuando llegó el actual Ejecutivo (PRC-PSOE), tanto los servicios jurídicos del Gobierno como la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo realizaros «todos los trámites previstos en la Ley» para solucionar este asunto.

El consejero ha opinado que esta denuncia se trata de una «actuación política» que es «recurrente» por parte de un partido, OlaCantabria, que, a su juicio, «quiere tener notoriedad» y ha considerado «un poco injustificado» el «ataque personal» contra él.

Ha recordado que OlaCantabria ya presentó denuncia ante la Fiscalía por este mismo asunto y, tras abrir diligencias y solicitar documentación al Gobierno, «se archivó» a principios de verano.

Sota ha asegurado que ha dado explicaciones en el Parlamento «muchas veces» sobre este asunto y ha explicado que el Gobierno facilitó la documentación que le requirió la Fiscalía antes de archivar el asunto.

Hace aproximadamente un mes OlaCantabria anunció que había presentado denuncia ante el TSJC por estos sobresueldos y ahora la Sala de lo Civil y Penal ha decidido abrir diligencias «previas» de investigación, un trámite que, según ha dicho, es «ordinario».

Sin embargo, se ha mostrado a prestar «absoluta colaboración» ante el TSJC, aunque ha aclarado que aún «no se le ha solicitado nada». Pese a ello, ha insistido en que «no ha cometido ninguna ilegalidad».

NO SE PLANTEA DIMITIR POR AHORA

Además, cuestionado por los medios de comunicación sobre su disposición a dimitir como consejero en caso de que finalmente la Sala vea causas para imputarle posibles delitos, Sota ha señalado que «ese punto todavía no se ha dado» pero ha afirmado que «tomaría las decisiones oportunas en cada momento».

El consejero ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa convocada para presentar la convocatoria de subvenciones para formación profesional para desempleados.

EL CASO SOGIESE

Los hechos se remontan al año 2015, cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria (IGAC), a través de la Subdirección General de Control Financiero, realizó un informe sobre la aportación del Gobierno de Cantabria en el ejercicio 2014 y su justificación.

En la denuncia se recuerda que a raíz de la crisis económica se aprobó en Cantabria la Ley 2/2012, de 30 de mayo de medidas administrativas, económicas y financieras para la ejecución de plan de sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que afecta a sus empresas públicas.

Asimismo, OlaCantabria argumentaba que el informe de control financiero de la IGAC concluye, entre otras cuestiones, que la mitad de la plantilla de Sogiese sobrepasa en sus sueldos lo permitido por la Ley 2/2012.

Este partido señalaba que las cantidades «indebidamente pagadas» a los trabajadores de esta empresa pública alcanzan un total de 90.000 euros, más los correspondientes intereses. Además, el informe indica que los trabajadores deberán reintegrar ese dinero a la Tesorería Regional.

OlaCantabria sostenía en la denuncia que Sota «ha vulnerado tanto la Ley de Finanzas como la circular de la Intervención, de tal forma que no ha realizado gestión ni actuación alguna, tendente a recuperar estas cantidades, tal y como estaba obligado, sino que se ha limitado a guardar el informe de actuación del Control Financiero de la Intervención en un cajón, con el correspondiente perjuicio para las arcas regionales».

Esto suponía, en opinión del partido político, que Sota «se ha olvidado de su deber y obligación como es velar por los intereses de los recursos públicos con responsabilidad y lealtad institucional».

El mismo día en que se hizo pública la denuncia de OlaCantabria contra Sota en el TSJC, el propio consejero desmintió las acusaciones vertidas por este partido y le exigió una «rectificación inmediata» o, de lo contrario, advirtiéndole de que acudiría a los tribunales de justicia.

Explicó que Sogiese es una sociedad gestionada por el programa europeo INTERREG por encomienda de la Comisión Europea y que los salarios de sus trabajadores venían dados por dicho organismo, incluidos los de los cinco empleados que cobran un sueldo superior al establecido en Cantabria por el desempeño de las mismas funciones.

Además, subrayó qu ela contratación del personal en Sogiese es realizada atendiendo los principios de publicidad, mérito y capacidad, a través de un proceso auditado desde la propia Comisión Europea.