Consellera de Acción Exterior ve al Govern cohesionado y pide reconducir acuerdos con CUP: «Es la legislatura del 52%»

Cree que la consulta de los JJ.OO. está «el máximo de jurídicamente blindada que puede estar»

BARCELONA, 17

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha defendido que hay cohesión y colaboración en el seno del Govern, y ha pedido trabajar para reconducir la relación y los acuerdos con la CUP.

«Es la legislatura del 52%. Hay que poner como prioridad la colaboración entre los tres partidos independentistas del hemiciclo», ha reclamado en una entrevista de Europa Press al preguntársele si deben priorizarse pactos con los socialistas y los comuns en el resto de la legislatura, más allá de la CUP, después de que en los últimos meses se haya constatado el distanciamiento entre los cupaires y el Ejecutivo.

Según Alsina, la prioridad del Govern, a nivel parlamentario, es poder sumar con los independentistas y trabajar todos los temas con los anticapitalistas, y cree que esta voluntad se ha visibilizado en el Parlament.

Sin embargo, ha argumentado que era «imprescindible» la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de este año, que salieron adelante con el apoyo de ERC, Junts y la abstención de los comuns, pero con el rechazo de la CUP, del PSC-Units, Vox, Cs y PP.

También ha admitido el rechazo de los cupaires a la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y que, pese a todo, el Govern «está decidido a impulsar la consulta porque las urnas no deben asustar nunca».

Sobre la consulta sobre la candidatura de los JJ.OO., que se celebrará el 24 de julio, ha garantizado que está «el máximo de jurídicamente blindada que puede estar», y ha explicado que el Govern considerará políticamente el resultado independientemente de la participación y que no hará campaña ni por el sí ni por el no , sino que explicará el proyecto y sus implicaciones.

Ha asegurado que la fórmula adoptada ha sido validada por los servicios jurídicos: «Hemos encontrado la mejor solución posible, que está blindada. No es perfecta, porque el modelo no es perfecto actualmente y no tenemos un marco jurídico perfecto, pero es un modelo blindado y solvente que confiamos que funcionará».

NO PREVÉ UN ESCENARIO DE IMPUGNACIÓN

Así, no prevé un escenario de impugnación que lleve a que la consulta no pueda celebrarse porque la manera cómo se ha decidido y todas las decisiones organizativas de plazo, decretos y convocatorias de modificaciones del decreto ley que convalidaron en el Parlament buscan «el máximo de seguridad jurídica para que esto no pase».

«Necesitamos urgentemente una ley de participación de Catalunya», ha dicho, destacando que en los próximos meses promoverán un proyecto de ley para ordenar la normativa y el mapa participativo actual con el objetivo de generar más seguridad jurídica para los que participen en un proceso de este tipo y para las administraciones que lo convoquen, ha subrayado.

Sobre si Catalunya podría organizar los Juegos si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno de Aragón, ha insistido en que el Govern se mantendrá en el acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Español (COE) y ha recordado que el proyecto se impulsó inicialmente desde Catalunya, que «siente los Juegos como un proyecto que ha sido gestado desde la administración catalana».

Tras defender que el Govern tiene la responsabilidad de tirar adelante la agenda económica y social a la que se comprometió al inicio de la legislatura, ha asegurado que gobiernan «bien, y hay cohesión y colaboración», y que más allá de las discrepancias que puedan tener Junts y ERC, se coordinan y se priorizan los objetivos para el bienestar de los ciudadanos y las empresas.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo, ha opinado que no ha avanzado ni materializado nada, por lo que «después de muchos meses se confirma que era una fotografía que se quería hacer Pedro Sánchez y una operación de marketing político».

«El día que vea un resultado tangible de la mesa pensaré que ha producido algo pero antes no», ha señalado Alsina, que ha recordado que en junio hará un año que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó al Estado considerar la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y reformar las disposiciones penales relativas a la rebelión y la sedición, entre otras cuestiones.

Tras los indultos a los expresos independentistas, Alsina considera que el Gobierno podría incluir en el orden del día de la mesa de diálogo y debatir dichas recomendaciones aprobadas por una amplia mayoría de las familias políticas, entre las cuales la socialista y la popular: «Estas recomendaciones son una amnistía de facto».

«Son un buen punto de partida para empezar a hablar», ha defendido la consellera, que ha reclamado una solución a un conflicto que, a su juicio, es eminentemente político.