Solventis lanza un fondo y prevé captar 650 millones de euros para construir 12.000 viviendas

La firma Solventis ha lanzado este jueves el fondo de inversión Fondviso tras haber sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y prevé captar hasta 650 millones de euros para la construcción en diez años de 12.000 viviendas de alquiler asequible.

La gestora ha señalado a través de una nota de prensa que el fondo cuenta con criterios ESG (siglas inglesas de ambientales, sostenibilidad y gobernanza) y que, mediante la colaboración público-privada, pretende fomentar el acceso a la vivienda de alquiler, llegando a bajar «un 30% el coste de habitabilidad del inquilino».

Las 12.000 viviendas construidas a lo largo de una década estarían destinadas, según la entidad, a los hogares con unos ingresos mínimos medios entre 28.000 y 45.000 euros, lo que equivale al 30% de la población de la española.

«Por tanto, constituye una nueva vía para combatir la escasa oferta pública de alquiler social y asequible en nuestro país, que se sitúa en el 1,6% del total, frente al 15% de media de Europa», ha agregado la nota, que ha apuntado además que el 35% de las familias que viven de alquiler destinan más del 40% de su renta neta, y el objetivo es que puedan dedicar un máximo del 30%.

El ejecutivo de Solventis, Toni Bosch, ha remarcado que Fondviso es un fondo de inversión socialmente responsable que generará viviendas asequibles tanto en ciudades «especialmente tensionadas» como en poblaciones periféricas que «no cuentan con suficiente oferta de alquiler».

La firma ha acompañado la noticia de este nuevo fondo con una propuesta de modelo para la colaboración público-privada, por la que la administración gestionaría el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión.

La administración tendría que asumir los costes y riesgos de gestión de inquilinos (como morosidad o desocupación) y, pasado ese periodo, la infraestructura pasaría a ser de titularidad pública.

Del lado de los inversores, como titulares del inmueble, obtendrían una rentabilidad neta anual superior al 7% y tendrían que hacer frente al riesgo de edificación de las viviendas.

Bosch ha apuntado al componente flexible de esta propuesta ya que «cada administración local, al gestionar la infraestructura, podrá adaptar las políticas locales de vivienda a las necesidades cambiantes de esa población modificando las condiciones de alquiler o los destinatarios de las viviendas asequibles».