Solo uno de cada diez trabajadores españoles cuenta con un plan de pensiones de empleo
Inverco pide imponerlos de forma cuasiobligatoria para complementar las pensiones públicas
Menos de 2 millones de españoles cuentan con un plan de empleo, es decir, solo uno de cada diez trabajadores ocupados contaba con este tipo de plan de pensiones con aportaciones de su empresa empleadora a cierre de 2019, con protagonismo de los funcionarios, los profesionales de la banca y del sector energético, según los datos de la patronal Inverco.
En concreto, España cerró el año con 19.963.300 ocupados en el sector público y privado –según la última Encuesta de Población Activa– de los que solo 1.981.166 eran partícipes de planes de empleo, es decir, menos de un 10%.
La Administración General del Estado, con 523.821 partícipes, aglutina casi un cuarto de los planes de empleo, siendo este el mayor empleador con planes de empleo, seguido de la Generalitat de Catalunya y la Generalitat Valenciana, con 202.657 y los 117.659 partícipes, según los datos aportados a Inverco.
En el ámbito privado, la banca es uno de los sectores donde es más frecuente ofrecer planes de pensiones de empleo a sus trabajadores. Caixabank (47.152 partícipes), BBVA (37.262) Santander (29.629), Caja Madrid (28.626), Sabadell (25.591) y Bankia (23.832) son algunas de las entidades de más trabajadores con plan de empleo.
También destaca por volumen Telefónica, con 23.833 partícipes en el plan de empleo y que ya cuenta con 11.559 beneficiarios a cierre de 2019, según los datos de Inverco.
En el sector energético destacan por número de partícipes los planes de empleo de Endesa (13.200), Iberdrola (9.420), Gas Natural (8.850), Repsol (7.528) y Cepsa (3.704). Además, resulta llamativo el montante de beneficiarios, más de 8.500 de Endesa o más de 4.800 de Iberdola.
POCO MÁS DE 100.000 BENEFICIARIOS
Los planes de empleo contaban con 114.368 beneficiarios –partícipes que ya cobran la pensión– en diciembre del pasado año, una cifra ínfima respecto al total de 6,09 millones de trabajadores jubilados que cobraron su pensión de la Seguridad Social ese mes.
Las aportaciones brutas a planes de empleo superaron los 1.246 millones de euros en 2019, mientras que las prestaciones ascendieron a 1.520 millones de euros. Por lo tanto, las prestaciones netas resultantes fueron negativas (-334 millones de euros) y un 56% por debajo del año anterior.
El patrimonio total de los planes de empleo a cierre del pasado año fue de 35.710 millones de euros, un crecimiento del 5,6% respecto a diciembre de 2018 y la mayor cifra de su serie histórica desde 1990 que Inverco lo contabiliza. No obstante, aún no se acercan al patrimonio de los planes de pensiones privados, que tienen un patrimonio de 79.849 millones de euros, es decir, más del doble.
REIVINDICACIONES DE CUASI-OBLIGATORIEDAD
«Estos datos de aportaciones a planes de empleo son un punto de partida, pero obviamente no es suficiente. Muestran que todavía falta un apoyo decidido de la Administración», ha señalado José Luis Manrique, director de Estudios de Inverco, en declaraciones a Europa Press.
Tanto Inverco como Unespa han pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno fomente un modelo semiobligatorio de planes de empleo complementarios a la pensión pública, similar al de Reino Unido, ante el reto de la longevidad y por la insostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.
«Hay que implementar la previsión social complementaria a través del los planes de empleo porque es más fácil y al partícipe le cuesta menos ahorrar cuando la empresa está aportando de forma cuasiobligatoria, que en planes individuales», ha argumentado Manrique.
«CONFIANZA» EN ESCRIVÁ
Para ello, el representante de Inverco sostiene que es necesario un «gran acuerdo social» donde estén implicados trabajadores, sindicatos y empresarios, y ha valorado como «muy positivo» el nombramiento de Escrivá como ministro de Seguridad Social, en tanto que procede de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
«Es una persona muy técnica y creo que ahora hacen falta perfiles técnicos que sepan valorar exactamente la situación y la evolución de las pensiones públicas», ha sostenido Manrique, que ha mostrado «mucha confianza» en su labor.