Solo el 10% de los comercios cumplen con la normativa de puertas automáticas que entra hoy en vigor
La patronal reclama una moratoria razonable y estima que se necesitarán 200 millones para acometer estos cambios
La Confederación Española de Comercio (CEC) estima que tan solo un 10% de los comercios en España han podido adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético del pasado mes de agosto y por el que se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas, según informa en un comunicado.
En concreto, la patronal del comercio reclama una moratoria de tres meses porque el sector necesita un «plazo realista y razonable» para acometer estas modificaciones, ya que se estima entre 100.000y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación.
«Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta», señala el presidente de la CEC, Rafael Torres.
Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que «lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir».
La patronal recuerda que el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados.
Sin embarco, la CEC denuncia que la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago. Para acometer estas modificaciones, la patronal estima la necesidad de unos 200 millones de euros.
«Desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoriarazonable de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas», indica Torres.
