Socios del Gobierno y la oposición piden cambios en la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como autoridad

Junts insiste en blindar las «competencias exclusivas» de Cataluña y reclama que el Gobierno asuma las indemnizaciones ante agresiones

Los partidos de la oposición y los socios del Gobierno han pedido introducir cambios en la ley registrada por el PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, que ya fue admitida a trámite en junio en el Pleno del Congreso entre algunas críticas de los aliados del Gobierno por su «autoritarismo» y su «populismo».

Se trata de una antigua demanda de los funcionarios de prisiones ante la que Junts mantiene sus reservas, expresadas ahora en sendas enmiendas a la ley que buscan blindar las «competencias exclusivas» que Cataluña ya tiene transferidas y, además, reclamar que la administración central asuma la indemnización ante agresiones y que luego sea «traspasado» a la Generalitat.

«El Gobierno español deberá asumir las cuantías que se deriven del principio de indemnidad y traspasarlas a la Generalitat de Cataluña», asegura Junts en una de las enmiendas, consultadas por Europa Press. La ley comenzó a tramitarse coincidiendo con la protesta de funcionarios de prisiones tras el asesinato de una trabajadora en una cocina de la cárcel de Mas d Enric (Tarragona).

El partido de Carles Puigdemont se refiere a la cuantía económica que recibirán los funcionarios de prisiones que «sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves».

En otra enmienda, Junts propone una disposición adicional que mencione el régimen de aplicación en Cataluña de la futura ley para que conste que «reconoce las competencias exclusivas atribuidas a la Generalitat de Cataluña», de acuerdo a su Estatuto de autonomía. «Lo que establece esta Ley tendrá únicamente carácter supletorio», asegura el texto.

El PNV también ha registrado enmiendas para subrayar que la futura ley de agentes de autoridad en las prisiones reconoce la regulación propia de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta que el País Vasco es otra de las regiones con estas competencias transferidas.

SUMAR RECLAMA «TÉCNICAS DE CONTENCIÓN»

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, es el grupo que más enmiendas ha presentado a la ley impulsada por los socialistas. Incide, por ejemplo, en que el personal penitenciario recibirá una «formación especial en técnicas de control y contención de reclusos con tendencias suicidas y/o autolesivas», dentro de unas medidas que buscan «evitar las crisis y calmar la tensión con métodos seguros».

La formación de Yolanda Díaz aboga por que los informes de los funcionarios de prisiones tengan capacidad sancionadora para los reclusos, «salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles».

En este sentido, Sumar apuesta por impulsar «una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres», así como velar para que ningún recluso sea sometido a «tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» de acuerdo a lo establecido por Naciones Unidas.

Sumar también quiere que la atención específica a la salud mental sea «una línea de actuación estable y creciente» para paliar las dificultades para el logro de la reinserción, «objetivo que puede verse favorecido –dice– con la asunción por la Ley penitenciaria de esta atención específica».

APOYO DEL PP POR RESPONSABILIDAD

En el debate en junio en el que el Pleno del Congreso admitió la tramitación de la ley impulsada del PSOE, el PP anunció su apoyo «por responsabilidad», recordando una iniciativa similar suya anterior en el Senado.

En este sentido, el PP es otro de los grupos que ha presentado enmiendas para que la futura ley se refiera a «empleados públicos penitenciarios», incluyendo a interinos y personal eventual entre los beneficiarios, así como para subrayar que la administración penitenciaria tiene que contar con el «personal necesario y debidamente cualificado» y que actúe desde el «principio de imparcialidad política».

El PP quiere que los funcionarios de prisiones tengan «a todos los efectos legales presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, en los mismos términos que otros agentes que ostentan esta condición», en alusión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Al efecto de su protección penal, los empleados públicos penitenciarios tendrán la consideración de agentes de la autoridad cuando se cometa delito de atentado contra los empleados citados y que pueda poner en peligro grave la integridad física de los que se hallen en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de las mismas», recoge la enmienda del PP, que también aboga por «resarcir económicamente» a los trabajadores que sufran daños personales.

VOX PIDE DAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIOS ADECUADOS EN LAS PRISIONES

Vox es otro de los grupos que ha presentado enmiendas a la ley para fijar que sea «obligatorio» proporcionar a los funcionarios penitenciarios los medios adecuados y para blindar el «principio de imparcialidad política».

La formación de Santiago Abascal apuesta por que los trabajadores en las cárceles, además de ser resarcidos económicamente en caso de agresiones, tengan «presunción de veracidad, previa ratificación de los hechos en el caso de haber sido negados», aunque también añade el apéndice «salvo prueba en contrario».

Entre los socios habituales del Gobierno, el BNG ha planteado algunas reservas a la futura ley presentada por el PSOE en aspectos como los posibles «desequilibrios en los medios de defensa y prueba» a favor de los funcionarios de prisiones por la falta de testigos, grabaciones u otras formas de prueba contradictoria.

La iniciativa fue acogida en el Congreso coincidiendo con la protesta de los funcionarios de prisiones por el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d Enric (Tarragona). Los trabajadores quieren agravar las penas para quienes atenten contra su integridad y dar presunción de veracidad a su testimonio.