Sociedades científico-médicas exigen diálogo para debatir las propuestas de reforma del sistema sanitario
La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) han manifestado su «rechazo» a algunas de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, y han exigido un diálogo para debatir las propuestas de reforma del sistema sanitario.
En cuanto a la participación de los agentes principales del sistema, lamentan que el Grupo de Trabajo parte de un «precedente inaceptable», pues ni las sociedades científico-médicas ni las asociaciones de pacientes fueron llamadas a comparecer. «Las propuestas no concretan la composición de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias, por lo que no existirá una adecuada gobernanza mientras a estos órganos de gobierno no se incorporen los profesionales sanitarios y los ciudadanos/pacientes», denuncian.
De la misma forma, instan a acabar con la «injerencia política partidaria y con la burocratización del sistema». «El documento del Grupo de Trabajo no recoge autocrítica alguna sobre la instrumentalización política de la sanidad. El distanciamiento entre profesionales y políticos es tan grande como la distancia que hay en la opinión pública en la valoración de unos y de otros. Profesionalizar la gestión y transferir responsabilidades organizativas y de gestión a los profesionales son, con la introducción de juntas de gobierno realmente participativas, elementos necesarios para evitar la «politización» mal entendida del sistema», añaden.
Sin embargo, indican que «esto no será posible manteniendo el actual modelo de gestión burocrático-administrativo, jerárquico-piramidal de las instituciones sanitarias públicas». «El sistema sanitario público debe pasar de una gestión político-administrativa a otra basada en el conocimiento», destacan.
FACME e IMAS señalan que el sistema de gestión de personal del Sistema Nacional de Salud es «completamente inadecuado y no tiene equivalente en los sistemas sanitarios de los países de nuestro entorno, donde los empleados públicos del sistema sanitario no son funcionarios». «Tampoco son homologables las retribuciones, especialmente bajas en comparación con otros países europeos para los profesionales sanitarios», recuerdan.
Por ello, consideran que la gestión de personal en la sanidad pública «debe estar basada en competencias y perfiles profesionales, para lo que es imprescindible incorporar a esta gestión el conocimiento científico-técnico, y dejar para siempre de lado las normas burocrático-administrativas que actualmente rigen la gestión de personal en la sanidad pública». En este sentido, ven como «un acierto» la propuesta del punto 7.1. de las conclusiones, estableciendo de un «board» nacional para las especialidades médicas como proceso previo para selección por mérito, para lo que se debe contar necesariamente con las sociedades científico-médicas.
Las conclusiones del Grupo de Trabajo señalan que «la formación continuada debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias. En este propósito ha de contarse con la participación de las universidades y los colegios profesionales». Sin embargo, estas sociedades indican que hasta el momento «las administraciones ni han fomentado ni apenas han financiado la formación médica continuada, incumpliendo su obligación legal con el sistema sanitario público».
«Esta obligación no atendida ha tenido que ser asumida por las sociedades científico-médicas con financiación de la industria del sector. Llama la atención que el Grupo de Trabajo proponga prohibir la financiación por la industria de las actividades de formación médica continuada y de investigación, restando una financiación clave al sistema, en lugar de sumarla a la que la propia administración sanitaria debiera aportar, estableciendo los controles necesarios para que no sea marketing encubierto», agregan.
Igualmente, critican que el Grupo de Trabajo incorpora una visión «fragmentada» de la sanidad: «salud pública, atención primaria, hospitales y servicios socio-sanitarios son compartimentos estancos, recomendando que se coordinen entre sí». «La ausencia de coordinación entre estos componentes ha sido uno de los factores que explican la mala respuesta de nuestro sistema a la crisis de la COVID-19», argumentan.
«El Grupo de Trabajo no propone instituciones que tengan una visión integral de la sanidad, ni los instrumentos para incorporar la atención a los condicionantes de salud al funcionamiento de los servicios sanitarios. Los modelos asistenciales deberían integrar estos distintos componentes en una asistencia basada en la evidencia científica disponible, adaptada a subgrupos de pacientes con necesidades compartidas, e integral», apostillan.
