Sobreseída la causa contra el ministro de Salud por comprar insumos para la pandemia a una empresa familiar
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de El Salvador ha sobreseído la causa abierta contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por comprar suministros para luchar contra la pandemia de COVID-19 a una empresa en cuya directiva figuran miembros de su familia.
El TEG ha considerado que Alabí no cometió «ninguna infracción al deber ético» cuando autorizó la adquisición de los insumos y que el titular de la cartera de Salud salvadoreña no ha infringido el artículo de la Ley de Ética Gubernamental que sostiene que los funcionarios públicos deben «excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan algún conflicto de interés».
«Este tribunal no advierte elementos que permitan determinar la existencia de la probable infracción al deber ético. Por tanto, sobresee el presente procedimiento iniciado por denuncias presentadas contra el doctor Alabí», ha concluido el TEG, según ha recogido el diario La Prensa Gráfica .
El TEG recibió demandas contra Alabí que denunciaban que el titular de la cartera de Salud salvadoreña autorizó y compró botas para el personal médico por 225.000 dólares (más de 193.500 euros) a la empresa Autodo S.A., dedicada a la venta de repuestos para vehículos y en cuya directiva figuran tres primos de Alabí. La presidenta de la empresa, Celina Quiñónez, también está vinculada al funcionario, según publicó el portal de periodismo independiente salvadoreño Gato Encerrado.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a principios de la legislatura actual la conocida Ley Alabí, formalmente llamada Ley para el uso de productos para tratamientos médicos, que blindaba las posibles investigaciones de posibles compras irregulares hechas durante la pandemia de la COVID-19.
Alabí solicitó reformas a la normativa, que levanto la polémica en el país centroamericano, recientemente, por lo que la Asamblea Legislativa aprobó una modificación que excluye actos de «fraude, soborno, corrupción, robo falsificación o piratería».
