Sánchez se compromete a elevar hasta el 7% del PIB la inversión en sanidad durante esta legislatura
El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en su discurso de investidura a elevar hasta el 7% del PIB la inversión en sanidad durante la presente legislatura. Asimismo, ha anunciado la eliminación progresiva de los copagos, la incorporación de la salud bucodental al SNS, la garantización de la sanidad universal y una ley de eutanasia.
«España debe alcanzar una inversión sanitaria equiparable a la media de los estado de la zona euro en esta legislatura de modo que logremos el 7% del PIB en 2023», ha enunciado el candidato a la presidencia del Gobierno en un discurso de investidura de casi dos horas de duración.
En el capítulo 8 de su programa de diez puntos, referido a la protección y ampliación de los derechos sociales, y destinado a «la consolidación de los derechos sociales, la defensa de lo publico, educación, la sanidad, la dependencia y los servicios sociales», Sánchez ha hecho referencia a las medidas sanitarias que tiene previsto implementar el Gobierno de coalición progresista si, como es previsible, sale adelante la investidura.
Así, ha desgranado la medidas que ha venido anunciado tanto en sus programas electorales para las dos últimas elecciones generales como en los acuerdos programáticos con Podemos, como son la eliminación progresiva de los copagos, «empezando por los pensionistas y hogares en riesgo de vulnerabilidad», la introducción «también de forma progresiva» de la atención a la salud budondental en la cartera del Sistema Nacional de Salud y avanzar en el blindaje de nuestro modelo público con la apuesta «clara y decidida» por gestión pública directa.
En esta misma línea, ha señalado que «el derecho a la protección a salud implica el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y por eso –ha precisado–, haremos algo pendiente desde 2012 y es extender el derecho a las personas ascendientes de países extracomunitarios reagrupadas por sus hijos e hijas con nacionalidad española, revertiendo las medidas implementadas en 2012 por la anterior administración».
También ha señalado que es preciso avanzar en ámbitos como marco estratégico de actualización de la Atención Primaria, el desarrollo del sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura sanitaria y la revisión de la estrategia de salud mental.
En referencia a los profesionales, «el mejor capital del sistema sanitario», ha anunciado una mejora de sus condiciones «garantizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y promoviendo un programa de retorno de profesionales que trabajan fuera por los recortes impuestos por la anterior administración».
También ha apuntado la necesidad de «reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica priorizando la eficiencia y transparencia en la fijación precios».
REGULARIZACIÓN DE LA EUTANASIA
La regularización de la eutanasia también ha tenido, una vez más, un hueco en el discurso de investidura de Sánchez que, como ya hizo en el anterior del pasado mes de julio, se ha comprometido a regularizarla para garantizar «el derecho a una muerte digna».
Igualmente, se ha mostrado claramente contrario a la gestación subrogada. «La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación por lo que vamos a actuar contra las agencias que ofrecen estos servicios a sabiendas de que están prohibidos», ha anunciado.
«Y vamos a asegurar una maternidad libremente decidida con una política de educación, prevención de embarazos no deseados, la facilitación de los últimos métodos anticonceptivos, la anticoncepción de urgencia y la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres y garantizando los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de Salud», ha añadido.
Dentro de capítulo 5 de su programa, destinado a abordar el reto demográfico del país, Sánchez ha avanzado también que, entre otros servicios en las zonas más despobladas del país, se va a garantizar el acceso a la atención sanitaria a domicilio cuando no haya centro de salud en la localidad.
En su discurso, ha justificado sus medidas apuntando que, «junto a la justicia social, un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos. Defendemos y defenderemos la economía social de mercado tal y como estipula la Constitución; es esencial pare generar riqueza social y prosperidad –ha reconocido–. Pero existen otros impulsos que también forman parte de la naturaleza humana, como son la generosidad, la solidaridad y la empatía. Por eso creemos en una economía social de mercado pero no en una sociedad de mercado porque no se pueden entregar al mercado bienes como la salud, la educación, la seguridad o el porvenir y la vida de las personas».
«Tanto como creemos en la iniciativa privada creemos en los servicios públicos universales como la educación y la sanidad –ha proseguido–, que han sufrido en la última década recortes que se han traducido un deterioro que se plasma, por ejemplo, en el aumento de las listas de espera, copagos o la externalización de servicios».
Asimismo, ha sido crítico con el patriotismo que se centra en los símbolos y las banderas cuando, a su juicio «el patriotismo es el reconocimiento del bien común. España para nosotros es la educación de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores, el cuidado sanitario público de nuestro familiares, la comodidad en nuestros desplazamientos, la seguridad en las calles y los impuestos para pagar todo ello. Ese es el patriotismo social que representa la coalición de gobierno progresista».
