Sánchez reivindicará su política de DDHH ante el Consejo de Europa coincidiendo con el inicio del juicio al procés

Quiere reunirse con magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intercambiar impresiones sobre casos contra España

MADRID, 30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el 7 de febrero Estrasburgo, sede del Consejo de Europa, institución ante la que piensa reivindicar su política de Derechos Humanos y defender a España como un Estado social y democrático de Derecho coincidiendo con el inicio del juicio a los responsables del procés , avanzan fuentes del Ejecutivo.

El juicio a los responsables de poner en marcha el proceso que desembocó en el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia en Cataluña comenzará previsiblemente a finales de enero o principios de febrero. Si hubiera una sentencia condenatoria, sería firme, de manera que los condenados sólo podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional, si consideran vulnerados sus derechos fundamentales, o, agotada esta vía, apelar a Estrasburgo.

Con el arranque del juicio, se espera que desde el independentismo arrecien las voces que tildan este juicio de proceso «político», de ahí que la visita de Sánchez a Estrasburgo defendiendo el Estado de Derecho español cobre una especial revelancia, si bien la visita no se ha diseñado para contrarrestar en exclusiva la previsible propaganda del secesionismo catalán.

Dos recientes varapalos a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –institución estrella del Consejo de Europa, que nada tiene que ver con la Unión Europea, que es una organización diferente– aconsejan que Sánchez visite la Corte para tener un intercambio de puntos de vista con los miembros de este tribunal, que garantiza a 800 millones de ciudadanos del continente europeo el derecho a un último recurso.

En noviembre pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la Audiencia Nacional había vulnerado los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune –por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna–, que le había condenado a 10 años de inhabilitación, vigentes aún, por pertenecer a la banda terrorista ETA.

Aunque la sentencia no indemniza a Otegi, sí le permite pedir en España una revisión de aquella sentencia. La Abogacía del Estado, en un informe remitido al Gobierno, desaconseja recurrir la decisión ante la Gran Sala de Estrasburgo, pero el Ejecutivo aún no ha aclarado qué piensa hacer.

EL FALLO PENDIENTE SOBRE DEVOLUCIONES EN CALIENTE

El fallo sobre Otegi no fue el único revés que sufrió España en Estrasburgo últimamente. En octubre de 2017, el TEDH concluyó que las devoluciones en caliente de inmigrantes practicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la frontera de Ceuta y Melilla son ilegales.

Pero el Ejecutivo del PP recurrió y la Gran Sala de Estrasburgo tiene pendiente revisar la condena a España por la devolución sumaria de dos dos jóvenes de Malí y Costa de Marfil que saltaron la valla de Melilla en 2014.

Estando en la oposición, el PSOE recurrió la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional entre otras cosas porque se oponía a las devoluciones en caliente, que se comprometió a eliminar en su programa electoral.

Pero una vez en el Gobierno, Sánchez, lejos de retirar el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy ante Estrasburgo, defendió sus mismos argumentos y ahora vincula la reforma de la conocida como ley mordaza para eliminar las devoluciones en caliente a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Testar las posiciones de los magistrados de la Gran Sala ante la revisión de este recurso será sin duda uno de los objetivos de Sánchez en esta visita al Consejo de Europa.

ESPAÑA, UN PAÍS CON POCAS CONDENAS EN ESTRASBURGO

Las sentencias de Estrasburgo contra España no indican que este país tenga un problema de Derechos Humanos. Las estadísticas oficiales reflejan que España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en el Tribunal de Justicia de la UE.

Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, en los últimos cinco años España ha contabilizado una media de seis sentencias condenatorias por año relacionadas con al menos una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

España se engloba así en el grupo de países con la ratio más baja de condenas en relación con su población, similar a la de Alemania, Países Bajos, Irlanda o Reino Unido e inferior a la estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza.