Vox pide vetar contratos públicos con empresas de países «no democráticos» para preservar la seguridad nacional
El grupo parlamentario de Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a acometer reformas legales para, en aras de preservar la seguridad nacional, prohibir que el Estado pueda contratar con «empresas provenientes de países no democráticos o que estén, en última instancia, controladas de facto por los gobiernos o por ejércitos de regímenes totalitarios».
En concreto, plantea la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en general, de la norma que regula estas contrataciones en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, así como del resto de la legislación que afecte a esta materia.
En este contexto, también reclama cancelar el régimen de liberalización establecido en la Ley sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, con respecto las «inversiones extranjeras directas que provengan o puedan provenir» de lo que denomina «agentes de riesgo», ya sea directamente o mediante sus sucursales en España, y recaigan «sobre los sectores del orden público, la seguridad pública y la salud pública».
NUEVO PLAN 5G
En la misma línea, los de Santiago Abascal piden incorporar estas limitaciones y prohibiciones de inversión en un nuevo Plan Nacional 5G para los próximos años, que sustituya al vigente para el período 2018-2020.
«El nuevo plan deberá cohonestar su contenido con lo señalado en materia de desinformación y sus amenazas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, ampliando su contenido y detallando un programa específico en lo que se refiere a 5G y seguridad», argumenta Vox en su iniciativa, recogida por Europa Press.
La elaboración de una estrategia nacional contra la desinformación y las amenazas globales a la libertad y la democracia, «que incluya la información como una de las piezas fundamentales de la seguridad de la nación», es otra de las reclamaciones de Vox, que demanda que esta estrategia tiene las bases para garantizar a futuro la «soberanía» española «en el ciberespacio y el éxito de las democracias occidentales en la lucha contra las tácticas de desinformación».
