Sánchez cree que la propuesta de malversación «coge a España con los deberes hechos» por incluir enriquecimiento ilícito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el planteamiento de Bruselas de armonizar las penas en Europa por el delito de malversación coge a España «con los deberes hechos» por haber introducido ya el delito de enriquecimiento ilícito. No obstante, ha eludido pronunciarse sobre si España tendría que volver a reformar el citado delito para ampliar las penas en otros supuestos, después de haberlas rebajado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido hoy con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita oficial en España. El jefe del Ejecutivo respondía a la pregunta de si, tras la propuesta de la Comisión Europea, que plantea una pena máxima de al menos 5 años por los delitos de corrupción, va a corregir su última reforma del Código Penal en la que se rebajaban las condenas para la malversación que no fuera para enriquecimiento propio.

El presidente ha respondido que esta propuesta de la UE está en las fases iniciales, pero ha añadido que el Gobierno cree que se trata de una «buena noticia» que se armonicen las penas por estos delitos.

En su opinión, este planteamiento de la Comisión coge a España «con los deberes hechos» porque en la última reforma del Código Penal se incluyó el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido en todos los países de la Unión Europea y que España sí tiene.

El planteamiento de la Comisión, conocido ayer, es el de imponer una pena máxima al menos 5 años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente. La citada propuesta obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Además, creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.

Conforme a la propuesta lanzada este miércoles por Bruselas, el artículo 432 –al tener una pena máxima de 12 años– quedaría indemne, pero los dos nuevos tipos no cumplirían, por contemplar máximas de 3 y 4 años, por debajo de ese umbral de 5 señalado por el Ejecutivo comunitario.

La iniciativa de la Comisión pretende actualizar y armonizar las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir toda la gama de delitos de corrupción, prevenir mejor la corrupción y mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los estados miembros y el Parlamento Europeo.