Sindicatos policiales piden la dimisión del diputado de Podemos y abogan por condenas más altas ante las agresiones

Los sindicatos policiales han pedido este jueves respeto a las decisiones judiciales tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días por un delito de atentado a agente de la autoridad, sustituible por una multa de 540 euros. En este sentido, algunas organizaciones reclaman su dimisión y otras reformas legales para castigar con más contundencia hechos de estas características.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, ha señalado que el fallo pone de manifiesto «lo barato que sale agredir a un policía». «Creemos que con este tipo de condenas lo único que se consigue es que la gente siga actuando de la misma manera y no tenga miedo a arremeter y agredir a los agentes», ha apuntado.

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional ve «mucho más grave» que lo anterior pueda llevar a que se pierda el principio de autoridad, «que puede tener unas consecuencias mucho más graves de lo que se cree». Por este motivo, reclama reformas legales para que las condenas sean mayores y «se proteja a los servidores públicos que están para garantizar el ordenamiento jurídico, la seguridad ciudadana y el bienestar de todos».

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha reaccionado al fallo expresando que es «totalmente incompatible con su continuidad en el escaño». Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, ha anunciado que recurrirá la condena ante el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al entender que se adopta «sin ninguna prueba objetiva», lo que demostraría el cada vez mayor «descrédito de la justicia española».

La sentencia por la patada que propinó a un agente en una protesta en 2014 en Tenerife conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, no puede ser elegido para cargo público durante la condena, y, según fuentes jurídicas, conlleva la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados.

«ESTÁ TARDANDO EN DIMITIR»

La CEP ha expresado que, al margen de consideraciones jurídicas, «resulta intolerable que un represente de los ciudadanos en una alta institución del Estado, como el Congreso de los Diputados, se empeñe en mantenerse aferrado a su puesto cuando ya se ha confirmado que ha sido condenado por delinquir al agredir a un policía nacional».

«Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta», han continuado desde este sindicato con representación en el Consejo de la Policía Nacional.

«Resulta llamativo que aquellos que tanto se empeñan en poner siempre en su punto de mira político a los servidores públicos sean incapaces de aplicarse esa misma exigencia en su ejecutoria como representantes públicos», ha indicado la CEP, que recuerda que la legitimidad de las instituciones nace del respeto al principio de legalidad.

«Participar en agresiones contra servidores públicos que intervienen en defensa de la legalidad es ir más allá y adentrarse en terrenos penales totalmente incompatibles con el ejercicio de una responsabilidad pública, sea del tipo que sea», concluye la CEP.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), con representación en la escala ejecutiva, se ha mostrado de acuerdo con la sentencia. «Los hechos probados son meridianamente claros, por lo que la condena está totalmente justificada», ha indicado su portavoz, Alfonso Media, que también ha recordado que la organización sindical está obligada a respetar las decisiones judiciales, «sean cuales fueren», al igual que el partido al que pertenece el diputado.