Sindicatos de Policías Locales se movilizarán si el Gobierno no paraliza el proyecto de decreto de normas-marco

Los sindicatos con representación en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Cantabria (APLB, CSIF, UGT, CCOO y USO) convocarán movilizaciones si el Gobierno regional no paraliza el proyecto de decreto de normas-marco para las policías municipales y lo aprueba en los términos actuales.

Y es que, según han denunciado, el Ejecutivo no se ha incluido en el mismo «los criterios técnicos» propuestos por estas organizaciones lo que, a su juicio, hace que el decreto sea un «retroceso» frente a las normas actuales, a pesar de que éstas datan de 2003 y «ya están obsoletas».

Los coordinadores regionales de policía de estos sindicatos han reclamado este jueves en una rueda de prensa la «paralización» de ese proyecto de decreto que, en su opinión, «no es ambicioso» y no afronta las necesidades de los agentes de los cuerpos locales, unos 650 en toda la comunidad autónoma.

El coordinador de CCOO, Juan Carlos Díaz, ha ejercido de portavoz y ha denunciado que, tras tres meses de reuniones con el Ejecutivo para ahondar en los criterios técnicos que los representantes de las policías locales consideran necesarios incluir en esta nueva normativa, «no se han tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones aportadas por quienes mejor conocen la labor policial y sus necesidades».

El proyecto de decreto de estas normas-marco, que se tenía que haber aprobado en el primer semestre de 2015 y que actualmente está en fase de información pública, «va en contra de la seguridad ciudadana y la de los propios policías», según los sindicatos, que creen que el Gobierno no se ha esforzado ni siquiera que la normativa sea «una declaración de intenciones».

Entre los aspectos que los representantes de los policial locales creen que hay que mejorar y sobre los que el Gobierno no han incluido sus propuestas, han señalado que el proyecto de decreto establece un ratio de 1,5 policías por cada 1.000 habitantes «cuando la propia Federación de Municipios lo establece en dos».

Igualmente, según los sindicatos, las normas-marco elaboradas por el Ejecutivo regional «tampoco sientan las bases para el reconocimiento de las peculiaridades de la jornada laboral de los Cuerpos Policiales a través de unos índices correctores, como sí tienen reconocidos muchos Cuerpos Policiales», y que deberían contemplar el trabajo a turnos, las jornadas nocturnas o los festivos.

Asimismo, han señalado que, en el proyecto de decreto, el Gobierno regional también demuestra «un evidente desinterés» por la seguridad de los agentes de este colectivo al «no atender la solicitud de eliminación de las patrullas unipersonales» que, para los sindicatos, «resultan ineficaces de cara al ciudadano».

También han criticado que el Ejecutivo muestra un «nulo interés» por el desarrollo de la carrera profesional. Los sindicatos han pedido que se incorporen ciertos párrafos en las normas «que demuestren un compromiso claro para que la carrera profesional sea una realidad» pero el Gobierno «no lo ha incorporado».

En este sentido, han indicado que los policiales locales quieren que se les imparta una formación de calidad y que, además, ésta sea reconocida por el Ministerio de Educación. «Nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo en aras a poder prestar un mejor servicio al ciudadano, algo que no parece importar al Gobierno de Cantabria», han dicho.

Así, han recordado que en 2010 ya se inició un modelo formativo que estaba tutelado por la Universidad de Cantabria y se desistió del mismo porque «al Gobierno de Cantabria le pareció caro». En este punto, han denunciado que la inversión de la administración regional en la formación de los agentes municipales ha oscilado solo entre los 30.000 y los 50.000 euros al año desde hace 12 años, frente a las «grandes cuantías» que se destinan a otros cuerpos de seguridad.

En materia de formación, también han criticado que el Gobierno reduce «a nada» la obligación de las prácticas de tiro, que hasta ahora eran tres al año y en el proyecto de decreto de las nomas-marco deja en manos de los ayuntamientos decidir si se hacen o no, cuando estas prácticas «son fundamentales» y, por ello, reclaman que se les garantice al menos una práctica por trimestre a cada agente como tienen otros cuerpos policiales.

Han denunciado que el Ejecutivo tampoco muestra interés en la «dotación de medios técnicos y de armamento» cuando la ley nacional da a los policías locales competencias en materia de terrorismo para lo que se obliga a una «formación adecuada» y a la dotación de una «amplia gama de armamento», haciendo especial incidencia en las armas no letales o de letalidad reducida.

Además de reiterar la necesidad de que los municipios vayan renovando las plantillas de la Policía Local, actualmente con una avanzada media de edad, han lamentado que el Gobierno tampoco haya atendido su demanda de poner en marcha una sistema de coordinación entre las diferentes policías locales de Cantabria.

Por todo ello, los sindicatos APLB, CSIF, UGT, CCOO y USO han reclamado al Gobierno regional que paralice la tramitación del decreto de normas-marco en los términos propuestos y se inicien nuevas conversaciones con los representantes de los policiales locales para garantizar la inclusión de estas propuestas que consideran «de vital importancia».

En caso de no atender esta petición, los coordinadores regionales de los sindicatos –Juan Carlos Díaz (CCOO), Manuel Garzón (CSIF), Luis Jesús Martínez (APLB), José María López(USO) y Juan Manuel Sánchez (UGT)– han advertido del inicio de un «conflicto» que les llevaría a convocar movilizaciones.