Sindicatos de Policía critican que una ley franquista permita «regalar» una medalla a Conde Pumpido y negarla a agentes
Denuncian que cientos de policías se quedan sin reconocimiento cada año por el reparto «opaco» de premios gracias a una ley de 1964
Varios sindicatos representativos de la Policía Nacional han criticado este jueves que se «regale» la condecoración de la Cruz Roja Honorífica al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, mientras se niega reconocimiento a agentes que merecen ingresar en la orden al mérito policial, debido a un reparto «opaco» mediante una ley franquista que no está «adecuada a la realidad policial actual».
SUP, JUPOL y CEP han confirmado que presentarán una denuncia en los tribunales contra la decisión del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, calificando de «robo» esta práctica «perpetuada por el Gobierno y que se basa en una norma que va a cumplir 60 años en vigor», en referencia a la ley franquista 5/1964.
«Es una auténtica vergüenza que sigan jugando con el prestigio y sentido de la Orden al Mérito Policial. No vamos a parar hasta lograr que se cumpla con la normativa, no estamos pidiendo nada más que se haga justicia con los compañeros a los que dejan fuera de un cupo absurdo que no existe a la hora de conceder medallas a personas ajenas al Cuerpo», ha señalado Mónica Gracia, secretaria general del SUP, en referencia a las 611 medallas que se otorgan a personas al margen de la Policía Nacional.
Como suele ocurrir cada año, los sindicatos han criticado con dureza la concesión de cruces honoríficas a personalidades como Cándido Conde Pumpido o la inclusión de comisarios jubilados entre los premiados con medallas que, a diferencia de las primeras, sí son pensionadas de forma vitalicia con un incremento sobre el salario base.
En un comunicado, JUPOL ha puesto el acento en esto último para anunciar que llevará a los tribunales las medallas de plata a seis comisarios principales jubilados, dentro de un reparto que incluye a Conde Pumpido y a Juan Ignacio Fuster Fabra, que este sindicato señala por ser el «abogado del director general de la Policía y del director adjunto operativo».
JUPOL considera que Grande-Marlaska utiliza el Ministerio como «un cortijo para sus intereses políticos y personales», recordando la decisión de destinar a la comisaría especial del Tribunal Constitucional a Felipe Sicilia, exdiputado y exportavoz del PSOE. «Da la impresión de que el Ministerio del Interior pretende reírse de la Justicia», sostiene.
NEFASTA COSTUMBRE
La CEP se ha sumado a las críticas por esta «nefasta costumbre» en la concesión de medallas policiales, ya que «ha privado este año a 619 agentes de ver reconocido su papel en relevantes operaciones contra el crimen organizado, la trata de seres humanos, organizaciones terroristas y en actuaciones en defensa de la seguridad ciudadana y la protección de personas y bienes».
El sindicato ha denunciado que los últimos gobiernos de PSOE y PP mantengan en vigor una norma de 1964 pese a que se basa en «criterios opacos y subjetivos y, sobre todo, impide contar con un procedimiento fiscalizable que destierre decisiones polémicas». Según sus cálculos, en la última década se han dado 5.826 condecoraciones a personal ajeno a la Policía.
La CEP alude a la concesión de medallas de plata –la mayor distinción– para comisarios jubilados y avisa que en 2021 la Justicia ya tumbó la nómina de premiados y que las de 2022 están pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional, a donde volverán a recurrir por los premiados en 2023.
