Sindicatos de Policía arremeten contra Interior por no defender a los agentes de Lavapiés tras denuncias por racismo
Afean al Ministerio «situarse frente a los policías» por abrir una investigación en una oficina de DDHH y no esperar a tribunales MADRID, 1
Varios sindicatos representativos de la Policía Nacional han arremetido este lunes contra el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska tras el anuncio de que han abierto una investigación de oficio a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH) en torno a la actuación policial en el barrio madrileño de Lavapiés. Sumar y otros socios del Gobierno pidieron explicaciones al considerar que se incurrió en racismo por el exceso de fuerza de los agentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que Interior, «lejos de impedir la cacería hacia servidores públicos que cumplían con su deber», lo que ha hecho es «dejarlos a los pies de los caballos ante un organismo de dudosa imparcialidad», en referencia a la ONGADH, dependiente de la Inspección de Personal de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
«La única instancia que debe depurar responsabilidades en un Estado de derecho son los tribunales de justicia», ha continuado el SUP en declaraciones a Europa Press, que añade que estudian interponer acciones legales contra quienes «injurian» a sus compañeros de forma «infundada».
La polémica se ha generado por un vídeo viralizado en redes sociales sobre una actuación de agentes de la Policía Nacional el pasado viernes al reducir a varias personas en Lavapiés, lo que derivó en sucesivas críticas de cargos de Sumar, Más País y Podemos hacia el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
PIDEN CÁMARAS PORQUE NO HAY RACISMO
«Esto no es una cuestión de blancos contra negros o de racismo, sino de acciones que constituyen delitos y de delincuentes; esa es nuestra única guía de actuación», han apuntado desde el SUP, que recuerdan que las personas reducidas por los policías fueron detenidas por delitos contra la salud pública y por robo con violencia.
En este sentido, los sindicatos han vuelto a reclamar al Ministerio del Interior que todos los agentes dispongan de cámaras personales para grabar este tipo de actuaciones y, de esta forma, «evitar cualquier duda». Además, ha subrayado que lo que no pueden permitir es que haya «zonas de impunidad delictiva a golpe de mentiras y calumnias».
La Confederación Española de Policía (CEP) también ha reaccionado al anuncio de Interior de abrir una información a través de su oficina por si se han vulnerado los derechos humanos en la actuación de Lavapiés, lo que se suma a otra información reservada de la Dirección General de Policía que anunció este domingo el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
«Este Ministerio se sitúa frente a todos los policías y no detrás de ellos. La brecha que se ha abierto entre el colectivo policial de este país y el departamento que dirige Grande-Marlaska es ya insalvable», ha señalado CEP.
El sindicato se queja de que se ha «descontextualizado» la intervención policial en Lavapiés para poner el foco de la sospecha sobre los agentes, «cuya presunción de inocencia ya está gravemente tocada al anunciarse una investigación a cargo de una Oficina de Derechos Humanos».
«La reacción de Interior –concluye CEP– es otro ejemplo más del desprecio a un colectivo de servidores públicos. Pero también es un ejercicio inútil de equidistancia porque quienes piden medidas contra los policías son los mismos que ayer insultaban basura al ministro en una concentración de protesta en Lavapiés y los mismos que ahora cuestionarán esta investigación por ser, según ellos, insuficiente».
LLAMADA TRAS UNA REYERTA POR DROGAS
Desde JUPOL también se ha reaccionado a la polémica de Lavapiés recordando que el vídeo viralizado fue «editado y sacado de contexto para apreciar sólo una parte sesgada». Por este motivo, insiste en que es necesario contar con cámaras de dotación personal, así como la puesta en marcha de un protocolo del uso de la fuerza que garantice la seguridad jurídica de los agentes ante este tipo de situaciones.
JUPOL también señala que los agentes acudieron al barrio de Lavapiés tras recibir una llamada de vecinos «por una reyerta relacionada con el tráfico de drogas entre varias personas».
Este lunes, fuentes del Ministerio del Interior han informado de la apertura de oficio de una información en relación con la intervención policial «sobre los sucesos ocurridos en la reyerta en Lavapiés», por si de dicha actuación se desprende una «supuesta vulneración de los derechos fundamentales».
La Delegación del Gobierno en Madrid informó este domingo de que se había abierto, además, una investigación sobre la actuación de los agentes de la Policía Nacional el pasado viernes en Lavapiés, y que se viralizó en redes sociales.
«En estos momentos se mantiene abierta una investigación al respecto. La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial», destacó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.
Según apuntaron el fin de semana fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, los agentes detuvieron el viernes a dos personas en Lavapiés por atentado contra la autoridad después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los policías, dejando a uno de ellos lesionado.
