Sindicatos belgas, franceses, italianos y españoles cargan contra las reglas fiscales en carta a eurodiputados

Los secretarios generales de sindicatos belgas, franceses, italianos y españoles han remitido una carta abierta dirigida a los miembros del Parlamento Europeo en la que advierten de que las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea «no son adecuadas para el futuro y dejan atrás a los trabajadores y a la ciudadanía».

Según se advierte en la carta –que firman los dirigentes españoles de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo– las nuevas reglas fiscales de la UE harán imposible la necesaria transformación de las sociedades, dejando atrás a los trabajadores y a la ciudadanía en general, «en un momento en el que necesitan protección más que nunca».

Este martes, 23 de abril, el Parlamento Europeo se dispone a ratificar el acuerdo alcanzado entre las instituciones europeas sobre la revisión de la gobernanza económica europea. Este acuerdo exigirá a los Estados miembro que reduzcan su deuda rápidamente y de forma sostenible desde el punto de vista económico y social, lo que «marcará el regreso a la austeridad», según han advertido los representantes sindicales europeos.

Al mismo tiempo, los sindicatos han alertado de que las nuevas normas desincentivarán la inversión en los objetivos sociales y climáticos acordados por los Estados miembros, al limitar el margen de maniobra del déficit público.

Como ha demostrado recientemente la CES, sólo tres países pueden hacer frente a las inversiones sociales y climáticas necesarias con las nuevas normas fiscales: Suecia, Irlanda y Dinamarca.

«Este acuerdo se presenta a menudo como mejor que las normas fiscales obsoletas, en particular para nuestros cuatro países (Bélgica, España, Italia y Francia), ya que ahora, con las nuevas normas, sólo tendríamos que reducir nuestra relación deuda/PIB en torno a un 1% cada año», han señalado en la carta los secretarios generales.

Según sus cálculos, las nuevas normas incluso deteriorarían la capacidad de la UE para responder a los retos actuales, ya que imponen 72.900 millones de euros al año en recortes presupuestarios o nuevos impuestos sólo en los cuatro países firmantes, el equivalente a alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo de profesores o cuidadores o fuerzan reformas restrictivas de las pensiones durante los primeros años de aplicación de las nuevas normas.

«PROVOCARÁN UNA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA»

Además, los sindicatos creen que las nuevas normas anularán «en breve» los beneficios económicos de las inversiones financiadas por los planes de recuperación y resiliencia. «Está claro que estos recortes provocarán una ralentización económica en nuestros países, y no sólo en Bélgica, España, Francia e Italia, que representaron el 41% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en 2022», .

Por todo ello, las organizaciones sindicales belgas, españolas, francesas e italianas han pedido a los eurodiputados que rechacen el acuerdo y renegocien uno nuevo después de las elecciones europeas. «Otras normas son posibles. Reglas que permitan la inversión social, la inversión verde, la financiación de los servicios públicos y de los sistemas de protección social, y el apoyo público a la transición justa y a la descarbonización de nuestras industrias», han insistido los secretarios generales en la carta.

Al tiempo, los sindicatos consideran que um nuevo acuerdo también debería ir acompañado de medidas capaces de recaudar nuevos recursos para financiar un instrumento de inversión permanente de la UE. Entre las diferentes ideas: un Plan de Recuperación de la UE (RRF) renovado, mejorado y aumentado, una fiscalidad europea justa (fiscalidad de los más ricos, impuesto sobre las transacciones financieras, lucha contra la evasión fiscal), todo ello con fuertes condiciones sociales y medioambientales.

«Por ello, en vísperas de las elecciones europeas, pedimos a los eurodiputados y a las eurodiputadas que rechacen este acuerdo, que haría en gran medida inviable su programa electoral. Un proyecto así no convencerá a la ciudadanía ni a las personas trabajadoras de que nadie se quedará atrás», han concluido.